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Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.- Al reportar 21.4 casos de despojo por cada 100 mil habitantes y alrededor de 2 mil expedientes atendidos por la Fiscalía capitalina forman parte de las cifras que el PAN CDMX utilizó para advertir que este delito mantiene bajo presión el patrimonio de familias capitalinas y que existe una cifra negra debido al temor de las víctimas a denunciar.
La presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez Ureña, anunció que su partido mantendrá asesoría y acompañamiento para personas afectadas por intentos de apropiación ilegal de viviendas, terrenos o inmuebles, al considerar insuficiente la respuesta institucional.
Acompañada por el diputado federal Federico Döring y Priscila Vera, integrante del Comité Ejecutivo Nacional panista, Gutiérrez sostuvo que la problemática se consolidó durante la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y acusó posibles redes de corrupción vinculadas con servidores públicos.
Los dirigentes opositores afirmaron que existen víctimas que evitan acudir ante las autoridades por miedo a represalias y señalaron presuntas irregularidades dentro de corporaciones de seguridad y áreas de procuración de justicia. Sin embargo, las acusaciones fueron planteadas por los panistas y requieren ser acreditadas ante las instancias correspondientes.
Priscila Vera señaló que la magnitud del problema no puede explicarse únicamente por las denuncias registradas, pues consideró que existe una cantidad de casos que permanece fuera de las estadísticas oficiales.
Federico Döring acusó que grupos dedicados a invadir propiedades han logrado operar mediante supuestos vínculos con funcionarios corruptos y calificó al despojo como una actividad que ha extendido sus “tentáculos” dentro de instituciones capitalinas.
El PAN sostuvo que continuará recibiendo casos y brindando orientación jurídica a través de sus canales institucionales, mientras exigió investigaciones contra cualquier servidor público relacionado con estas prácticas.
Para los panistas, combatir el despojo requiere ir más allá de recuperar inmuebles: demandaron romper posibles redes de complicidad y garantizar que denunciar no represente otro riesgo para las víctimas.
