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No es un privilegio
Por Xóchitl Bravo Espinosa
Hace unos días, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció formalmente la creación de la Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, una iniciativa que parte de una premisa clara: el acceso a una defensa jurídica técnica, profesional y de alta calidad debe ser una garantía estatal, no un privilegio a quien puede pagarla.
Previo al arranque de este programa, la estrategia integral contra el despojo reportó que en 12 días se contabilizaban 89 denuncias, 14 posibles casos de despojo, ocho inmuebles restituidos y 44 personas detenidas. A partir de este 24 de agosto, inició el programa con un bufete multidisciplinario de 100 abogadas y abogados especialistas. La atención se brindará todos los lunes a partir de las 16:00 horas en la plancha del Zócalo capitalino.
El verdadero obstáculo no es sólo el costo, sino la asimetría procesal: enfrentar litigios complejos, estructuras jurídicas sofisticadas o posibles redes de fraude sin contar con una representación legal adecuada. Por ello, contar con especialistas de alto nivel en materias civil, penal, familiar, condominal, ejidal, laboral y constitucional equilibra la balanza frente a los tribunales.
El delito de despojo y los fraudes inmobiliarios laceran la estabilidad comunitaria. Enfrentar un vacío legal o la amenaza sobre la vivienda exige un acompañamiento técnico robusto. La certidumbre jurídica no puede depender de firmas privadas; debe estar respaldada por el rigor del Estado. La justicia no comienza cuando una persona llega ante un juez. Comienza cuando tiene las mismas posibilidades de defender sus derechos que quien está al otro lado del litigio.
El mérito de la Defensoría Social radica en llevar este cuerpo de especialistas directamente al Zócalo para brindar seguimiento integral de principio a fin. Retomar la doctrina de Ponciano Arriaga reafirma un principio fundamental: en una capital con justicia social, el derecho a una defensa de excelencia no se compra, se garantiza.
