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Por Paulo Emilio
En días pasados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó sobre los avances en la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús: la Línea 4, que conectará Metro Universidad con el pueblo de Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan; la Línea 5, que conectará el Metro Mixcoac con la zona de San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, y El Oyamel, en Magdalena Contreras; y la Línea 6, que llevará del Metro Tláhuac a Milpa Alta. Estas obras no son menores: además de la gran inversión pública, impactan de manera trascendental en la vida cotidiana de la gente, en uno de los aspectos más sensibles: los tiempos de traslado y el tiempo libre.
La gente de las zonas altas de Tlalpan, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón ganará entre seis y ocho horas de vida a la semana: tiempo que antes invertía en trasladarse en transporte público y que ahora podrá usar para convivir con la familia, hacer ejercicio, leer o simplemente descansar. El tiempo libre también es dignidad, justicia y bienestar. Además, es un medio de transporte económico, ecológico y práctico. Por las condiciones del suelo de la zona, es el único medio de transporte de alta demanda que es posible construir. Es una zona de muchas barrancas y caminos sinuosos. Lo mismo sucede con Milpa Alta, que, aunque no tiene las mismas condiciones de altura, cuenta con pocas vías de acceso y, en momentos de mucho tránsito, colapsa. El Cablebús es, entonces, justicia.
Y aquí alguien podría preguntar: ¿quién podría estar en contra de eso? Pues resulta que sí hay quien lo está. Ayer, en La Chilanguera, dimos a conocer, junto con las diputadas y los diputados federales y locales de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, que un despacho jurídico llamado «Artículo 27» está articulando amparos en la zona baja de Álvaro Obregón para buscar frenar el avance del proyecto. Este despacho es abiertamente opositor a la Cuarta Transformación y ha buscado sabotear la construcción de proyectos de infraestructura tanto en los estados como a nivel nacional, entre ellos, el Tren Maya. Creen que, frenando estos proyectos, afectan al movimiento y a nuestros gobiernos, pero se equivocan: afectan a la gente.
Esgrimen, además, argumentos profundamente clasistas. “No queremos ver gente de las zonas altas cerca de nuestras casas”, o “no queremos que nos llenen de cableríos nuestras calles”, como si hubiera algún ser humano “indecente” por nacer en alguna zona específica de la Ciudad, o como si el criterio estético estuviera por encima de los derechos de las mayorías. Este despacho además está dirigido por personajes que tienen vínculos abiertos con Acción Nacional, uno de sus fundadores, Carlos Lara, ¡le escribió un libro! a ese partido “los retos culturales del PAN”. Por eso estamos haciendo un llamado a Jorge Romero y a Luisa Gutiérrez a que se deslinden de esas estrategias de sabotaje, o nos encargaremos de que cada vivienda en la zona alta de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras se entere de quiénes están en contra de que se amplíen sus derechos. La gente es primero.
