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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, volvió a responsabilizar a administraciones anteriores por el adeudo acumulado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no informó un calendario de pagos ni una estrategia financiera definida para resolver una obligación que actualmente forma parte de las responsabilidades de su gobierno. Informó que el pasivo histórico asciende a 353.2 millones de pesos por suministro eléctrico y atribuyó su acumulación a gestiones encabezadas por PRI y PAN.
Serrano sostuvo que deberá esclarecerse cómo se originó esa cantidad y quiénes dejaron de cubrir los compromisos correspondientes. La explicación sobre el origen de los recursos pendientes, sin embargo, no estuvo acompañada por fechas para concluir las negociaciones con la empresa pública ni por un esquema de amortización.
El ayuntamiento mantiene mesas de trabajo con la CFE, aunque hasta ahora no se ha informado de un convenio definitivo. Como contraste, el edil destacó que desde enero de 2025 su administración ha destinado entre siete y ocho millones de pesos mensuales al consumo energético corriente y reportó 64.1 millones cubiertos.
Ese cumplimiento permite evitar la generación de nuevas obligaciones, pero no modifica por sí mismo los 353.2 millones acumulados previamente. Otra medida planteada consiste en realizar un censo de instalaciones pertenecientes a Operagua y otras dependencias para detectar posibles servicios que continúen facturándose pese a encontrarse fuera de operación. La depuración permitiría establecer cuánto del monto reclamado corresponde efectivamente a infraestructura municipal activa.
Serrano afirmó que su administración no pretende desconocer las obligaciones anteriores; no obstante, tampoco precisó cuánto podría destinar anualmente a reducirlas, bajo qué condiciones buscaría una reestructuración o cuándo espera alcanzar un acuerdo con la CFE.
El señalamiento contra sus antecesores aporta antecedentes sobre el deterioro financiero del municipio, pero resulta insuficiente como respuesta gubernamental. Una vez asumida la presidencia municipal, la responsabilidad administrativa dejó de limitarse a documentar las decisiones del pasado y pasó a incluir la construcción de una salida con plazos, recursos y resultados verificables.
