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Por Juan R. Hernández
La ofensiva de alcaldes encabezada por Mauricio Tabe, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), para sustituir el programa La Escuela es Nuestra abre una discusión que rebasa el mantenimiento de los planteles: ¿quién debe decidir cómo y dónde gastar el dinero de las escuelas?
Tabe llevó hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la propuesta de crear el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa (FAIE), que transferiría a municipios y alcaldías responsabilidades y recursos para atender escuelas públicas. A la iniciativa se sumaron alcaldes como Alessandra Rojo de la Vega, de Cuauhtémoc, y Carlos Orvañanos, de Cuajimalpa. La bandera parece incuestionable: mejores escuelas. El problema surge al observar qué desaparecería para construir el nuevo esquema.
Actualmente, La Escuela es Nuestra coloca recursos directamente en manos de madres, padres y comunidades escolares. Tabe cuestiona que ese dinero no sea auditable bajo el modelo vigente. Desde Morena, dos voces responden. La diputada Brenda Ruiz subraya la participación comunitaria y recuerda que entre 2019 y 2024 el programa alcanzó más de 100 mil escuelas, con alrededor de 84 mil millones de pesos, llegando a comunidades indígenas y marginadas. Para ella, regresar las decisiones a escritorios gubernamentales significaría quitar poder a quienes conocen las carencias cotidianas.
El diputado Paulo Emilio García advierte que, si los recursos pasan a alcaldías, podrían regresar contratistas y empresas alrededor del presupuesto escolar. También cuestiona que se ponga bajo sospecha la capacidad de madres y padres para administrar los fondos.
El debate es claro: todo peso público debe fiscalizarse, pero fiscalizar no implica quitarle el dinero a la comunidad para entregarlo al gobierno local. La discusión apenas comienza y Tabe deberá explicar por qué para mejorar las escuelas primero hay que desaparecer un programa que puso a las familias en el centro de las decisiones.
