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Ciudad de México.– Dos exfuncionarias de Guerrero y una testigo denunciaron que fueron presionadas por el entonces gobernador Ángel Aguirre para ocultar información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se trata de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; Blanca María del Rocío Estrada, exvisitadora judicial del estado; y una testigo identificada únicamente como MAC, quienes detallaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) cómo se coordinador para ocultar, y posteriormente destruir los videos de dos cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con sus testimonios, dichas grabaciones registraron el momento exacto en el que policías interceptaron el autobús Estrella de Oro 1531 y privaron de la libertad a un grupo de normalistas.
Estrada Ortega detalló cómo ella sustrajo los discos con las grabaciones del escritorio de la magistrada Lambertina Galeana y se los entregó personalmente al entonces gobernador Aguirre Gutiérrez.
Tras ello, llamó por teléfono a su sobrino y asesor Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, a quién le ordenó destruir toda la evidencia relacionada con la desaparición de los estudiantes.
A su vez, la magistrada Galeana Marín relató que la exvisitadora regresó “alterada” a su oficina tras entregarle los discos a Aguirre. Por último, las testigos indicaron que recibieron presiones e incluso amenazas de muerte si aportaban información sobre la entrega de estas grabaciones.
*Impugnan prisión domiciliaria*
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos y la FGR impugnaron la resolución de un juez de distrito, quien canceló la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso a Jesús Murillo Karam, extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien es acusado de los crímenes de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Iguala.
En julio pasado, el juez Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, le otorgó al exfuncionario prisión domiciliaria debido a los problemas de salud que lo aquejan.
