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Por Juan R. Hernández
Hay investigaciones periodísticas que pasan inadvertidas y otras que sacuden conciencias. El Mapa del Despojo publicado por Diario Basta! pertenece al segundo grupo. No por opinión editorial, sino porque puso cifras a una realidad dispersa entre expedientes olvidados y denuncias aisladas: más de 34 mil carpetas de investigación por despojo en la Ciudad de México.
La reacción en redes fue inmediata. Cientos de usuarios reconocieron el trabajo y agradecieron contar, por primera vez, con una radiografía territorial del problema. Otros aprovecharon para desacreditar el ejercicio con acusaciones y descalificaciones: el costo de exhibir una realidad incómoda.
Más allá de aplausos o ataques, surgió un tercer grupo de reacciones que merece atención: quienes expresaron auténtica preocupación por la magnitud del fenómeno. Comentarios como “¡Qué preocupante!”, “De miedo” o “Y nadie hace nada” reflejan un sentimiento compartido: cualquiera podría convertirse en la próxima víctima.
También aparecieron observaciones sobre fallas estructurales. Se señalaron los años que tardan los trámites de escrituración, la actuación del Registro Público de la Propiedad, de la Dirección General de Regularización Territorial, de ministerios públicos y alcaldías. Hubo llamados a reformar el sistema notarial y propuestas para perseguir el despojo como delincuencia organizada.
El mapa abrió además una conversación sobre la distribución geográfica del delito: ¿por qué algunas alcaldías concentran miles de carpetas mientras otras registran cifras menores? La pregunta obliga a revisar diferencias en denuncia, prevención o procuración de justicia.
Lo relevante es que el debate dejó de centrarse en casos aislados. Hoy la ciudadanía observa el despojo como un problema de seguridad patrimonial que rebasa conflictos entre particulares y exige respuestas institucionales. Ese es el mayor mérito del trabajo periodístico: convertir expedientes dispersos en una historia comprensible. Porque, cuando los datos salen de los archivos y llegan al escrutinio público, ya no pueden esconderse. La cifra permanece: más de 34 mil carpetas de investigación. Una realidad incómoda que difícilmente podrá ignorarse.
