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M. Flores
Ciudad de México.- La directora del DIF de la Ciudad de México, Beatriz Rojas, y funcionarios de primer nivel están señalados por encabezar un presunto fraude millonario mediante la venta ilegal de plazas, un escándalo que ya fue denunciado ante la Fiscalía capitalina y que exhibe una posible red de corrupción operando desde el corazón del organismo encargado de atender a los sectores más vulnerables.
Los denunciantes calculan que el presunto desfalco asciende a entre siete y ocho millones de pesos. Cada aspirante entregó entre 45 y 60 mil pesos con la promesa de obtener una plaza dentro del DIF capitalino.
Para hacer creíble el engaño, aseguran que fueron convocados a cursos realizados en instalaciones oficiales del organismo, recibieron documentación con membretes institucionales y hasta nombramientos donde aparecían cargos, salarios y centros de trabajo, todo con apariencia de absoluta legalidad.
Entre los principales señalados aparecen Sergio Sánchez Muñoz, actual director de Administración de Capital Humano, y Julia Solorio Téllez, directora de Desarrollo Comunitario del DIF CDMX. De acuerdo con los testimonios, ambos funcionarios habrían participado en el cobro del dinero y en el proceso mediante el cual se hacía creer a las víctimas que su contratación era un hecho consumado.
A la lista de acusados se suma José Manuel Valdez González, quien presuntamente se encargaba de entregar documentos, agendar citas y recibir el dinero de los aspirantes, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la operación denunciada.
Los afectados sostienen que no se trató de un fraude improvisado, sino de una estructura organizada que utilizó instalaciones, documentos oficiales y procedimientos internos para dar legitimidad a la venta ilegal de plazas. Para ellos, resulta imposible que una operación de esta magnitud pudiera funcionar durante meses sin el conocimiento de los altos mandos del DIF.
Estos funcionarios tienen un pasado político común, ambos formaron parte de la administración de Francisco Chíguil Figueroa en la alcaldía Gustavo A. Madero entre 2019 y 2024 y actualmente son parte del grupo de confianza de Beatriz Rojas y cuestionan cómo una presunta operación de esta magnitud pudo desarrollarse sin que las autoridades del DIF detectaran irregularidades.
Sergio Sánchez fue director territorial en la Zona 2 de Gustavo A. Madero durante ese periodo, mientras que Julia Solorio ocupó cargos de jefa de unidad departamental y subdirectora en la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social.
Las consecuencias para las víctimas son devastadoras. Hay personas que aseguran haber vendido terrenos, solicitado préstamos, empeñado bienes familiares e incluso renunciado a sus empleos convencidas de que ingresarían al servicio público. La plaza prometida nunca llegó y el dinero desapareció.
Entre las pruebas presentadas aparecen documentos donde se especifica el puesto, el tipo de contratación, el salario e incluso el lugar de adscripción. En uno de ellos se informa al supuesto trabajador que sería asignado al CDIF Ricardo Flores Magón para desempeñar una jornada laboral de siete horas diarias a partir del 5 de marzo de este año.
Hasta el cierre de esta edición, Beatriz Rojas guardó silencio y no había emitido ninguna postura pública sobre las denuncias. Mientras tanto, decenas de afectados exigen que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actúe de inmediato, investigue la presunta red de venta de plazas y lleve ante la justicia a los funcionarios que, según las denuncias, convirtieron el DIF en un negocio millonario a costa de personas que buscaban un empleo digno.
