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Por Ricardo Sevilla
Desde hace años, la colusión entre políticos y medios de comunicación ha creado un campo propicio para el descrédito, la difamación y la violencia. El objetivo de partidos y empresarios no ha sido informar, sino vender e imponer sus opiniones como verdades inobjetables.
Y, justo por eso, ahora mismo vemos a las grandes televisoras y radiodifusoras redoblando sus embates contra los derechos de las audiencias que ha propuesto la administración federal. Saben que están ante la batalla más grande de los últimos años: el control del relato público.
Los concesionarios de radio y televisión se niegan a que la gente distinga claramente entre qué es información objetiva, opinión y propaganda pagada.
Tampoco quieren garantizar el derecho de réplica de la ciudadanía e incluso de otros actores políticos.
Y es que, hasta hoy, el modelo de comunicación política en México funcionó bajo una lógica de gacetillerismo e infomerciales encubiertos.
Los filtros del capital y la publicidad oficial han determinado qué noticias se publican y con qué sesgo.
Durante sexenios, el PRI y el PAN se encargaron de edificar millonarias alianzas económicas en contubernio con las grandes cadenas.
A través de la venta de pauta publicitaria oficial y de “convenios de colaboración”, se vendían –y se siguen vendiendo– entrevistas a modo, comentarios editoriales falsamente independientes y campañas de desprestigio disfrazadas de “análisis periodísticos”.
Y el decreto y los lineamientos sobre derechos de las audiencias proponen arrebatar la máscara al negocio de la opinión pagada.
Aquí no hay censura, hay transparencia obligatoria. ¿Qué atentado cree usted que haya en que los espectadores sepan de manera explícita cuando un medio está informando un hecho verificable o cuándo estén emitiendo una opinión personal? ¡Ninguno! Al menos para el pueblo llano, que está al margen de los intereses económicos que defienden los medios de comunicación corporativos.
Pero no es el caso de los políticos y empresarios que han lucrado con la información. Y es que para ellos, esta propuesta es un atentado directo contra el negocio de la propaganda política y la guerra sucia.
Por eso vemos a Alito Moreno, a Federico Döring y tantos otros políticos lanzando dardos pestíferos y diatribas contra la iniciativa. No es gratuito que los veamos y escuchemos una y otra vez, con tanta insistencia en las estaciones de radio y televisión privadas. ¡Están defendiendo, con garras y colmillos, su modelo de influencia!
Están enardecidos. ¿Qué harán si ahora tienen que firmar sus posturas como opiniones partidistas y no como verdades informativas? ¡Pues perderían la capacidad de moldear la percepción pública!
El fin de la impunidad mediática no es un ataque a la libertad de expresión, sino la restitución del derecho ciudadano a la verdad.
Cualquier usurero llora al ver caer el negocio donde fabricaba mentiras.
