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Eduardo López Betancourt
Morena, decidió designar diversos personajes en las entidades que tendrán elecciones para renovar sus gobiernos estatales el próximo año, se les denominó Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una figura impulsada por la jefa del Ejecutivo con el propósito de promover, según su planteamiento, la conciencia nacional y el respeto a nuestra independencia. En los hechos, quienes fueron señalados Coordinadores en los 17 estados donde habrá cambio de gobernador en 2027, quedaron colocados como principales aspirantes a obtener la candidatura del partido en el poder.
Para alcanzar esa posición, se inscribieron numerosos militantes de cúpula morenista e incluso integrantes de partidos aliados; los postulantes realizaron proselitismo en sus respectivas entidades, algunos con más intensidad que otros, hasta que finalmente se concretaron los 17 nombramientos mediante el procedimiento establecido por Morena. Como era previsible, surgieron inconformidades entre quienes consideraron que tenían mayores méritos para lograr la coordinación y, posteriormente, la candidatura que los llevaría a competir por la gubernatura estatal. La doctora Sheinbaum, ha destacado que esas disconformidades deben atenderse privilegiando la unidad del partido en el poder.
Sin duda, el panorama político del país comienza a intensificarse. Los partidos de oposición han acusado a Morena de adelantar los tiempos electorales, mientras que dicho partido lo niega. Más allá de la discusión, lo cierto es que la actividad política rumbo a 2027 ya está en marcha; pronunciamientos, promesas y propaganda, serán cada vez más visibles conforme se acerquen los comicios, donde estará en juego un número significativo de cargos públicos.
La democracia mexicana ha avanzado, pero todavía enfrenta limitaciones que requieren análisis, particularmente en materia de gasto electoral. Los partidos reciben importantes recursos públicos y, precisamente por ello, debe existir especial vigilancia sobre el origen y destino del dinero utilizado durante las campañas. El riesgo, es que en este proceso electoral aumente la presencia de recursos ilícitos, esencialmente aquellos que provienen de acciones delictivas. La disputa política puede ser legítima, lo no permisible es que el poder económico de la delincuencia termine condicionando la voluntad ciudadana.
