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Por Juan R. Hernández
El Gobierno de la Ciudad de México presumirá que el Mundial de Futbol 2026 fue un éxito logístico y de seguridad. Las fotografías oficiales mostrarán a policías reconocidos, discursos de agradecimiento y anuncios de estímulos económicos por más de 450 millones de pesos para más de 77 mil uniformados. Nadie discute el trabajo de las corporaciones de seguridad. Lo que sí resulta inadmisible es que, detrás de esa narrativa triunfalista, se haya decidido ignorar a miles de trabajadores de limpia que también hicieron posible que la capital luciera impecable ante el mundo.
Mientras las cámaras enfocaban los festejos, cuadrillas de limpia trabajaban de madrugada retirando toneladas de basura de Paseo de la Reforma, el Zócalo y las inmediaciones del Estadio Azteca.
Barrenderos, recolectores y personal de servicios urbanos realizaron dobles y hasta triples jornadas para que, al amanecer, la ciudad volviera a la normalidad. Hoy, su recompensa es el silencio oficial.
Peor aún es el caso de beneficiarios del programa Transformando la Ciudad, quienes aseguran que se les negó cualquier compensación con el argumento de que pertenecen a un programa social, aunque desempeñaron exactamente las mismas labores que otros trabajadores. Entre ellos hubo adultos mayores obligados a regresar por las noches después de concluir su jornada matutina. Si esto ocurrió, no sólo es una injusticia laboral; también exhibe una preocupante forma de utilizar programas sociales para cubrir necesidades extraordinarias sin reconocer el esfuerzo de quienes los integran.
El éxito del Mundial no se construyó únicamente con patrullas. También fue posible gracias a quienes barrieron calles, lavaron plazas, retiraron basura y mantuvieron funcionando la ciudad cuando los reflectores ya se habían apagado. Excluirlos del reconocimiento económico envía un mensaje preocupante: para el Gobierno capitalino existen trabajadores de primera y de segunda.
En otro frente, la UNAM enfrenta una crisis de credibilidad tras las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura. La instalación de una comisión técnica es un paso obligado, pero insuficiente. A días del inicio del ciclo escolar, la Universidad debe ofrecer respuestas claras y garantizar que el mérito, la transparencia y la equidad prevalezcan sobre cualquier intento de fraude. Tanto el Gobierno capitalino como la máxima casa de estudios tienen una deuda pendiente: recuperar la confianza que sus propias decisiones han puesto en entredicho.
