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Por Ricardo Sevilla
Dice Natalia Torres, una panista influencer, que las personas que llegan al poder pierden su condición de seres humanos frente a la ley.
Bajo esta extraña lógica, la presidenta Claudia Sheinbaum no sería una persona de carne y hueso, sino que se convierte mágicamente en “el Estado”.
Y como, según Torres, el Estado es una entelequia, una abstracción jurídica que no siente ni padece, argumenta que tampoco tiene derechos humanos ni derecho al honor.
¡Por favor! Si el gran filósofo y jurista Hans Kelsen levantara la cabeza, se volvería a meter a la tumba del susto al escuchar semejantes disparates atribuidos a su teoría.
Pensemos en un ejemplo muy sencillo, de esos que desmontan cualquier sofisma intelectual.
Imaginemos que en un medio de desinformación, de esos que abundan ahora, se inventan que Sheinbaum tiene vínculos criminales, pero no presentan ni una sola prueba porque es una mentira absoluta, una difamación pura.
Ahí la pregunta clave sería: ¿a quién están calumniando realmente? ¿Al “Estado mexicano incorpóreo”? ¿Al artículo 80 de la Constitución? ¿O a Claudia Sheinbaum Pardo, la mujer que tiene una historia, una familia, un nombre, un apellido y una honra propia?
La respuesta cae por su propio peso, aunque no le guste a Natalia y a sus cuates.
Si la presidenta fuera literalmente “el Estado”, como sostiene, no podría pisar un tribunal para demandar por daño moral. Pero resulta que sí puede hacerlo.
¿Y sabe por qué? Porque el Estado es una persona moral abstracta, un conjunto de leyes y normas, mientras que Claudia Sheinbaum, cuando se quita la banda presidencial al final del día, sigue siendo una mujer libre, con dignidad, con derecho a la vida privada y al respeto de su honor.
Pretender lo contrario es un intento burdo por deshumanizar a la presidenta. Y vale la pena recordarles a los autodenominados “constitucionalistas” una regla elemental que al parecer olvidaron en el primer semestres de la carrera: los derechos humanos son universales, inalienables e irrenunciables. No se suspenden por ganar una elección ni se esfuman por portar un cargo público.
La crítica política y el escrutinio severo son indispensables en cualquier democracia; los gobernantes deben tener un umbral de tolerancia muy alto. Pero cruzar la línea hacia la mentira deliberada y pretender que la persona detrás del cargo no merece respeto ni protección legal es una gracejada y un despropósito.
Quienes pretenden borrar los derechos de una gobernante (o gobernante) bajo argumentos legales tontos y equivocados terminan perdiendo, como se ve, el piso. ¡Y reprobados!
