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Por Ana E. Rosete
En política, a las mujeres nos ha costado demasiado llegar como para permitir que el insulto, la descalificación y la violencia se disfracen de “debate”. Pero también nos ha costado demasiado conquistar la palabra pública como para que cualquier crítica termine convertida en expediente electoral.
Ahí está el verdadero fondo político de la determinación que acaba de tomar la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. El árbitro electoral ordenó retirar cinco publicaciones que, bajo la apariencia del buen derecho, podrían constituir violencia psicológica, simbólica y digital contra una legisladora. Pero, ojo: en el mismo paquete rechazó medidas cautelares contra otras 91 publicaciones. Algunas fueron consideradas amparadas por la libertad de expresión; otras eran hechos consumados o no identificaban siquiera un contenido específico.
En el segundo asunto ocurrió algo parecido: tres publicaciones no mostraron, preliminarmente, elementos de género ni apología de la violencia contra las mujeres, mientras otras tres fueron consideradas hechos consumados de manera irreparable.
Y ahí está la lección política. La VPMRG no puede convertirse ni en escudo para blindar a una mujer de toda crítica, ni en permiso para que quienes ejercen el poder utilicen el género como munición contra sus adversarias.
Porque una cosa es cuestionar a una diputada, una senadora o cualquier mujer con responsabilidades públicas. Otra muy distinta es atacarla precisamente por ser mujer, recurrir a estereotipos, sexualizarla, humillarla o utilizar la violencia digital para intentar expulsarla del espacio público.
Las mujeres no llegamos a la política para que nos traten con algodones. Llegamos para disputar poder.
Y disputar poder implica soportar el escrutinio, responder por las decisiones, aceptar la crítica y, también, tener derecho a señalar cuándo la crítica deja de ser política y se convierte en violencia.
La resolución del INE importa justamente porque no metió todo en el mismo costal. Protegió preliminarmente cinco publicaciones y, al mismo tiempo, dejó fuera decenas de contenidos que consideró parte del terreno de la libertad de expresión o jurídicamente imposibles de retirar mediante una cautelar.
La resolución del INE importa justamente porque no metió todo en el mismo costal. Protegió preliminarmente cinco publicaciones y, al mismo tiempo, dejó fuera decenas de contenidos que consideró parte del terreno de la libertad de expresión o jurídicamente imposibles de retirar mediante una cautelar.
En tiempos donde las redes sociales son tribunal, plaza pública y ring político al mismo tiempo, esa frontera es fundamental.
Porque el feminismo no debería servir para silenciar a las mujeres que piensan distinto. Debería servir para que ninguna mujer tenga que abandonar la política porque el precio de ejercer el poder sea soportar violencia por razón de género.
La discusión, entonces, no es si a las mujeres se nos puede criticar.
Claro que sí.
La pregunta verdaderamente política es otra: ¿cuándo una crítica deja de cuestionar lo que una mujer hace y empieza a castigarla por ser mujer?
