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Defiende Moreno tala de Paseo Colón

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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

En medio de señalamientos ciudadanos por una posible afectación ambiental en Paseo Colón, el gobierno municipal de Toluca justificó el retiro de árboles dentro del proyecto de rehabilitación de este corredor, al asegurar que la intervención estará limitada a ejemplares considerados en malas condiciones.

La administración encabezada por Ricardo Moreno Bastida defendió la decisión un día después de que organizaciones ambientalistas presentaran una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), donde acusaron falta de transparencia, ausencia de socialización del proyecto y riesgos al derecho ciudadano de contar con un medio ambiente sano.

El alcalde sostuvo que la sustitución del arbolado no responde a una decisión administrativa sin respaldo, sino a evaluaciones realizadas por especialistas, además de dictámenes de Protección Civil que advierten posibles riesgos por árboles secos, enfermos o con problemas estructurales.

De acuerdo con el Ayuntamiento, Paseo Colón cuenta con un universo de mil 920 árboles y únicamente serán retirados alrededor de 26 ejemplares, lo que representa cerca del 1.3 por ciento del total registrado en la zona.

Sin embargo, colectivos ciudadanos mantienen cuestionamientos sobre el proceso, al señalar que la discusión no debe concentrarse únicamente en la cantidad de árboles que serán derribados, sino en la conservación de un espacio histórico y ambiental que durante décadas ha funcionado como uno de los principales pulmones urbanos de Toluca.

La directora municipal de Medio Ambiente, Carmen Soto, informó que el diagnóstico fue elaborado con base en la Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-018 y señaló que se identificaron árboles muertos, con presencia de plagas y con inclinaciones que podrían representar peligro.

Las autoridades detallaron que la mayor parte del arbolado corresponde a cedro blanco, con ejemplares que superan un siglo de vida, pero que enfrentan deterioro por condiciones urbanas como compactación del suelo, falta de espacio para raíces, contaminación y estrés hídrico. Pese a estos argumentos, ambientalistas pidieron que la intervención sea revisada por organismos externos antes de cualquier retiro, al considerar que se requiere mayor apertura en la información técnica utilizada para tomar decisiones sobre un espacio público.

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