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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El presunto quebranto por más de 417 millones de pesos detectado en la administración del exalcalde de Cuautitlán, Aldo Ledezma, alcanzó un nuevo paso al llegar a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el tema fue planteado de manera directa tal como se lo informó Grupo Cantón.
Durante su respuesta, la mandataria dejó abierta la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda intervenir en casos de este tipo cuando existan elementos que acrediten un presunto desfalco de recursos públicos por parte de un servidor público, un pronunciamiento que coloca el expediente bajo un reflector nacional y envía el mensaje de que, cuando hay evidencia suficiente, también pueden activarse mecanismos de investigación sobre el destino del dinero.
El caso no es menor. Las auditorías realizadas por el gobierno municipal que encabeza Juanita Carrillo Luna detectaron observaciones por más de 417 millones de pesos. De ese monto, 147 millones corresponden a auditorías internas en áreas como obra pública, adquisiciones, patrimonio y manejo de recursos financieros, mientras que otros 270 millones fueron observados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Como resultado, la actual administración inició 42 procedimientos administrativos, dos investigaciones por presuntas faltas graves y presentó 12 denuncias penales contra diversos exfuncionarios, entre ellos quienes formaron parte del gobierno de Aldo Ledezma.
La declaración de la presidenta agrega una nueva dimensión al caso. Además de las responsabilidades administrativas y penales que ya siguen las autoridades estatales, abre la puerta a que también pueda revisarse la ruta financiera de los recursos observados si las investigaciones así lo justifican. La eventual participación de la UIF representaría un paso adicional para determinar si existieron operaciones encaminadas a ocultar, transferir o desviar recursos públicos.
El expediente de Cuautitlán ha dejado de ser únicamente un asunto municipal. Ahora será una prueba para las instituciones encargadas de la fiscalización, la procuración de justicia y, eventualmente, para las instancias de inteligencia financiera. La expectativa ciudadana es clara: que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y que, si se confirma un daño al patrimonio público, los responsables enfrenten las sanciones correspondientes y los recursos puedan recuperarse.
