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Por Miguel García Conejo
@kurt2767
La situación que enfrenta la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, a partir de las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que trasciende a una persona o a un partido político: la obligación de quienes ejercen cargos públicos de rendir cuentas de manera permanente ante la sociedad.
Más allá de lo que determinen las investigaciones y las resoluciones legales correspondientes, estos casos exhiben una realidad preocupante.
Con frecuencia, algunos actores políticos llegan al poder respaldados por el voto ciudadano, bajo la promesa de servir, atender necesidades colectivas y administrar con responsabilidad los recursos públicos. Sin embargo, una vez instalados en el cargo, parecieran olvidar el origen de su mandato y la confianza depositada por la población.
El poder público exige responsabilidad, pero también humildad. Cuando un servidor público pierde de vista que su función es temporal y que está sujeto al escrutinio de la ciudadanía, corre el riesgo de confundir la representación popular con un privilegio personal.
Es entonces cuando aparecen prácticas que generan sospechas, cuestionamientos y, en los casos más graves, investigaciones por posibles actos irregulares.
Los señalamientos contra la edil de Tenancingo también reflejan un problema estructural: la existencia de funcionarios que conciben la política como un medio para obtener beneficios particulares y no como una herramienta para transformar la realidad de las comunidades.
El dinero, la influencia y el control institucional pueden convertirse en una tentación para quienes nunca entendieron el verdadero sentido del servicio público.
