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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La periodista Mafer Fabela presentó una denuncia contra el secretario del Ayuntamiento de Toluca, Justo Núñez Skinfill, por presunto abuso sexual en un acto publico
Los hechos señalados ocurrieron durante la inauguración del Chorizo Fest 2026, celebrada en la capital mexiquense. De acuerdo con el relato difundido por la comunicadora, mientras realizaba actividades de cobertura periodística fue objeto de contacto físico no consentido por parte del funcionario municipal.
La denunciante explicó que la situación ocurrió en medio de una concentración de asistentes y representantes de medios de comunicación.
La narración de los acontecimientos fue compartida a través de plataformas digitales, donde la periodista describió sentirse vulnerable e incapaz de reaccionar en ese momento.
Tras hacerse pública la denuncia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación de oficio para revisar los hechos. El organismo informó que dará seguimiento al caso conforme a sus atribuciones, al considerar que cualquier señalamiento relacionado con violencia contra las mujeres debe ser atendido con seriedad y bajo una perspectiva de derechos humanos.
Por su parte, Justo Núñez Skinfill rechazó las acusaciones y aseguró que los señalamientos carecen de sustento. A través de un posicionamiento público manifestó su disposición para colaborar con cualquier investigación y sostuvo que buscará defender su reputación mediante los mecanismos legales correspondientes.
El Ayuntamiento de Toluca informó que brindará acompañamiento institucional a la denunciante mediante las áreas competentes y reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres. No obstante, agrupaciones defensoras de derechos humanos consideran que el desafío principal será garantizar investigaciones imparciales y resultados verificables.
Diversas organizaciones han señalado que, pese a la existencia de reportes y procedimientos internos en años recientes, no se conocen resoluciones que hayan derivado en consecuencias administrativas o correctivas para servidores públicos involucrados en señalamientos similares.
La publicación provocó una amplia respuesta entre integrantes del gremio periodístico, organizaciones de mujeres y ciudadanos que manifestaron respaldo a la comunicadora y solicitaron el esclarecimiento de lo ocurrido.
Para organizaciones de periodistas y colectivos feministas, el caso trasciende una denuncia individual, pues pone nuevamente sobre la mesa las condiciones que enfrentan las mujeres durante el ejercicio de su labor profesional y la necesidad de fortalecer mecanismos que prevengan agresiones, garanticen entornos seguros y eviten cualquier forma de impunidad.
