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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Personal sindicalizado de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) llevó a cabo no una jornada de protesta en sus centros de trabajo para exigir la remoción de su titular, Gerardo Valdés Martínez, a quien responsabilizan de diversas irregularidades administrativas, presuntas prácticas de hostigamiento laboral y del deterioro en el funcionamiento de la dependencia.
La movilización se concentró en las instalaciones del organismo ubicadas dentro del Instituto de Salud del Estado de México, donde decenas de empleados colocaron mensajes de inconformidad y manifestaron su rechazo a la conducción actual de la institución.
Los participantes señalaron que durante los últimos meses han presentado diversas solicitudes y planteamientos formales para denunciar problemáticas internas; sin embargo, afirman que no han obtenido una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades correspondientes.
De acuerdo con representantes sindicales, el conflicto se agravó desde la segunda mitad de 2025 debido a decisiones administrativas que, aseguran, afectaron directamente a trabajadores de base.
Entre los principales señalamientos destacan presuntas represalias contra personal con amplia trayectoria, cambios injustificados en áreas operativas y un ambiente laboral que consideran adverso para el desarrollo de las actividades institucionales.
Rubén Garduño Santana, secretario de Acción Política del Sindicato de Salud de la Sección 22 Valle de Toluca, sostuvo que la inconformidad también deriva de la pérdida de eficiencia en funciones fundamentales relacionadas con la vigilancia sanitaria. Explicó que la reducción de actividades de supervisión, inspección y promoción preventiva ha generado afectaciones en los indicadores de desempeño de la dependencia.
Los manifestantes afirmaron que las evaluaciones realizadas a nivel nacional reflejan un retroceso en los resultados de la comisión mexiquense. Atribuyeron esta situación a una administración enfocada en asuntos internos, mientras que programas estratégicos habrían quedado relegados. En ese contexto, advirtieron que el debilitamiento de las acciones regulatorias podría repercutir en la protección de la salud pública.
Uno de los casos que más inconformidad ha generado entre la base trabajadora es el de Filiberto Ornelas Magaña, servidor público con más de medio siglo de trayectoria en la institución. Según los denunciantes, su separación del cargo careció de fundamentos suficientes, por lo que exigen una revisión del procedimiento y su eventual reinstalación.
Los inconformes hicieron un llamado a la secretaria de Salud estatal, Celina Castañeda de la Lanza, para que atienda el conflicto y establezca mecanismos de diálogo con la representación sindical. Asimismo, solicitaron la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para revisar el desempeño de la comisión y tomar decisiones que permitan restablecer la estabilidad interna.
