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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La recepción de la carpeta de investigación sobre la alcaldesa con licencia de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), reactivó los cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para supervisar de manera preventiva el ejercicio del gasto público en los municipios mexiquenses.
El organismo confirmó que ya cuenta con la documentación remitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que desarrolla indagatorias relacionadas con la denuncia de un presunto secuestro que, según las líneas de investigación, habría sido simulado, además de posibles anomalías financieras vinculadas con recursos municipales.
La incorporación del caso a la esfera de la fiscalización superior generó nuevas exigencias para esclarecer el destino de fondos públicos que, de acuerdo con las pesquisas ministeriales, podrían alcanzar un monto cercano a los 40 millones de pesos.
Diversas voces han señalado que la actuación de las autoridades encargadas de vigilar el manejo presupuestal suele ocurrir cuando las controversias ya alcanzaron dimensiones políticas o judiciales, lo que evidencia fallas en los mecanismos de prevención y monitoreo permanente.
Aunque el OSFEM informó que analizará el contenido del expediente conforme a sus facultades legales, también advirtió que no adelantará conclusiones hasta concluir las etapas técnicas de revisión. La postura institucional, sin embargo, no ha frenado las críticas sobre la falta de resultados inmediatos frente a señalamientos que involucran recursos de origen público.
El órgano fiscalizador recordó que Tenancingo ya formaba parte de su Programa Anual de Auditorías, por lo que actualmente se encuentra sujeto a una revisión relacionada con el ejercicio fiscal 2025. No obstante, para distintos sectores resulta insuficiente que posibles irregularidades sean detectadas únicamente después de que los casos escalan a investigaciones penales.
El expediente enviado por la Fiscalía representa un elemento adicional para determinar si existen responsabilidades administrativas, patrimoniales o financieras derivadas de la actuación de servidores públicos municipales.
