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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Ocoyoacac la preocupación por el avance de la tala ilegal llevó a los habitantes de San Pedro Atlapulco a organizar operativos de observación y monitoreo dentro de los bosques comunales de La Marquesa, donde la pérdida de árboles ha aumentado de manera significativa durante el último año.
Las acciones surgieron luego de que vecinos detectaran la presencia constante de personas que ingresaban al bosque para cortar ejemplares y trasladar madera mediante caminos alejados de las rutas principales. Desde entonces, grupos comunitarios recorren distintos sectores para ubicar daños y registrar evidencias.
Según los comuneros, la devastación se concentra en áreas cercanas a los límites con la Ciudad de México, donde los responsables aprovechan la complejidad del terreno para ingresar y retirarse sin ser detectados con facilidad.
La comunidad sostiene que el deterioro ambiental ya provoca transformaciones visibles en el paisaje forestal. Amplias zonas presentan claros abiertos, restos de vegetación abandonada y afectaciones que comprometen la regeneración natural del ecosistema.
A esta situación se suma la preocupación por la pérdida de servicios ambientales. Especialistas comunitarios advierten que la disminución de cobertura vegetal reduce la capacidad del bosque para retener humedad, proteger el suelo y favorecer la recarga de acuíferos.
Frente a este escenario, los habitantes reforzaron la organización interna mediante brigadas permanentes enfocadas en conservación, restauración y vigilancia. Estas agrupaciones trabajan de manera coordinada para atender emergencias, combatir incendios y supervisar puntos vulnerables.
Los comuneros afirman que la problemática supera las capacidades de la población, por lo que consideran indispensable ampliar la presencia de corporaciones encargadas de la protección ambiental y la seguridad pública.
Asimismo, señalaron que varios integrantes de las brigadas han enfrentado situaciones de riesgo durante los recorridos. Pese a ello, mantienen las labores debido a que consideran prioritario preservar el patrimonio natural de futuras generaciones.
La comunidad espera que los acuerdos alcanzados con autoridades permitan fortalecer la vigilancia y reducir el impacto de una actividad que continúa representando una amenaza para el equilibrio ecológico de la región.
