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Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en diversas ocasiones que corresponde, en primera instancia, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores resolver el proceso de extradición de Rocha Moya y sus coacusados.
Lo verdaderamente preocupante es que la Fiscalía, desde el inicio del conflicto, actuó de manera precipitada y sin elementos suficientes al afirmar que dicha extradición no procedía. Su actuación, en consecuencia, parece carecer de imparcialidad; circunstancia que no beneficia en modo alguno a la propia Jefa de Estado.
Los órganos de procuración de justicia, cualquiera que sea su ámbito, aunque de manera especial en materia penal, requieren respetabilidad y certeza en sus determinaciones. Ello implica contar con la confianza ciudadana, precisamente el bien más escaso y demandado en coyunturas críticas como la que atravesamos.
Una Fiscalía subordinada a intereses ajenos a la ley, desprovista de cuadros con sólida formación académica y profesional, no constituye una opción viable para el País. México cuenta con una tradición de grandes juristas, particularmente en el ámbito penal. Baste recordar al doctor Sergio García Ramírez, o al licenciado José Aguilar y Maya, guanajuatense de vasta trayectoria que en tres ocasiones encabezó la entonces Procuraduría General de la República. Evoquemos asimismo a don José Ángel Ceniceros, autor, entre otras obras, del Código Penal Federal de 1931, quien se desempeñó como subprocurador y dejó constancia de su brillantez intelectual, lo que le permitió convertirse posteriormente en uno de los más destacados secretarios de Educación Pública.
En esta época en que tanto se reclaman autoridad moral e independencia institucional, resulta indispensable convocar a penalistas de excepción con un perfil equiparable al de los aquí mencionados. Es el momento de llamar a los mejores mexicanos para asumir las grandes responsabilidades en los sectores especializados del Estado.
