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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La publicación de un nuevo acuerdo en la Gaceta de Gobierno del Estado de México reavivó las críticas hacia la administración estatal y hacia la Secretaría de Movilidad, luego de autorizar una serie de beneficios fiscales para concesionarios del transporte público que incluyen subsidios, condonaciones y facilidades para regularizar adeudos acumulados durante varios años.
La medida contempla un subsidio total en el pago de la tenencia vehicular correspondiente a 2026, así como en el refrendo anual del mismo ejercicio y de años anteriores. Además, permite eliminar multas, recargos y actualizaciones derivadas del incumplimiento de dichas obligaciones, siempre que los concesionarios realicen los trámites correspondientes antes de diciembre.
Aunque el gobierno estatal sostiene que el objetivo es facilitar el cumplimiento fiscal y promover la regularización del sector, la decisión ha generado inconformidad entre usuarios que diariamente utilizan el transporte público en condiciones que consideran deficientes.
Para miles de pasajeros, el anuncio representa un nuevo respaldo institucional a empresas que continúan operando con unidades envejecidas, fallas mecánicas recurrentes, problemas de seguridad y escasa modernización.
La molestia aumenta porque el beneficio fiscal llega pocos meses después de que la Secretaría de Movilidad autorizó un incremento en las tarifas del transporte público. En aquel momento, autoridades y concesionarios justificaron el ajuste bajo el argumento de que permitiría mejorar el servicio, renovar unidades y elevar los estándares de calidad para los usuarios.
Sin embargo, pasajeros consultados señalan que los cambios prometidos no son visibles. En diversas rutas persisten camiones deteriorados, sistemas de cobro obsoletos, operadores sin capacitación suficiente y deficiencias en materia de seguridad para mujeres, estudiantes y trabajadores.
Especialistas en movilidad advierten que cualquier incentivo fiscal debería estar ligado al cumplimiento de metas verificables. Entre ellas destacan la sustitución de unidades antiguas, la instalación de tecnología de monitoreo, mejoras en accesibilidad y la reducción de incidentes relacionados con el transporte público.
Las críticas también alcanzan a la Secretaría de Movilidad, dependencia responsable de supervisar el desempeño de los concesionarios.
Organizaciones ciudadanas cuestionan que los apoyos económicos no estén condicionados a resultados concretos ni a mecanismos de evaluación que permitan medir avances reales en beneficio de los usuarios.
Mientras los empresarios reciben facilidades para regularizar adeudos, millones de mexiquenses continúan absorbiendo el impacto del aumento tarifario sin percibir mejoras sustanciales en el servicio. Para diversos sectores sociales, el acuerdo fortalece la percepción de que las obligaciones para los concesionarios son flexibles, mientras que los costos recaen directamente sobre la población que depende diariamente del transporte público.
