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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La disputa entre empresas de transporte público en el norte del Estado de México volvió a escalar luego de que operadores de Autotransportes de Pasajeros 5 de Mayo se manifestaran frente a la Fiscalía Regional de Atlacomulco para exigir que la investigación iniciada contra dos de sus representantes se conduzca con imparcialidad y sin presiones externas.
Los inconformes señalaron que la denuncia por el delito de extorsión promovida por la empresa IUSA forma parte del conflicto que desde mayo mantienen ambas organizaciones por la operación de la ruta que comunica las comunidades de Mavoro y La Concepción de los Baños, un servicio utilizado diariamente por trabajadores, estudiantes y habitantes de la zona.
De acuerdo con los manifestantes, la confrontación comenzó cuando detectaron el ingreso de unidades que, aseguran, pretendían prestar servicio en un recorrido que durante más de dos décadas ha sido cubierto por su organización con los permisos correspondientes. Aquella diferencia obligó a la intervención de corporaciones estatales, municipales y federales para impedir enfrentamientos entre operadores.
Aunque la tensión disminuyó después de ese operativo, semanas más tarde representantes de IUSA presentaron una denuncia penal que derivó en órdenes de aprehensión contra el presidente y el representante legal de la agrupación transportista, situación que motivó la movilización realizada este martes.
Durante la protesta, los operadores colocaron pancartas y solicitaron una audiencia con autoridades ministeriales para expresar su inconformidad. Sostuvieron que las acusaciones carecen de sustento y pidieron que la Fiscalía valore todas las pruebas antes de resolver el expediente, pues consideran que el procedimiento responde a intereses ajenos a la procuración de justicia.
Los manifestantes también afirmaron que la autoridad en materia de movilidad ha reconocido la legalidad de la concesión con la que prestan el servicio, por lo que insistieron en que el conflicto debe resolverse mediante los mecanismos administrativos correspondientes y no mediante procesos penales.
La movilización ocasionó afectaciones temporales a la circulación en las inmediaciones de la Fiscalía Regional, aunque no se reportaron incidentes de violencia. Una comisión fue recibida por personal de la institución para entregar su posicionamiento y solicitar una revisión objetiva del caso.
Mientras el litigio continúa, habitantes de las comunidades atendidas por esta ruta expresan preocupación por la incertidumbre que rodea al servicio. Vecinos señalaron que cualquier suspensión afectaría el traslado diario hacia centros de trabajo, escuelas, clínicas y comercios, debido a la limitada oferta de transporte en esa región.
Especialistas en movilidad consideran que este tipo de conflictos refleja la falta de mecanismos eficaces para atender disputas entre concesionarios antes de que escalen a procesos judiciales o movilizaciones sociales. Advierten que las autoridades estatales y municipales deben fortalecer la supervisión del transporte público y garantizar certeza jurídica a los operadores, pero también proteger el derecho de la población a contar con un servicio continuo y eficiente.
