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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Cada temporada de lluvias repite la misma escena en el Estado de México: calles convertidas en canales, viviendas afectadas, drenajes rebasados y familias que pierden muebles, mercancía o días de trabajo mientras las autoridades vuelven a prometer atención inmediata.
El problema golpea de manera recurrente a municipios como Toluca, Lerma, San Mateo Atenco y Chalco como punto de referencia en el valle de México donde los encharcamientos, desbordamientos y saturación de redes hidráulicas ya no pueden atribuirse sólo a lluvias atípicas.
La falla central apunta a la planeación pública: el gobierno estatal conoce los puntos de riesgo, presume atlas de inundaciones, mesas de coordinación y programas de desazolve, pero los daños regresan año con año.
Para 2026, la administración estatal ha difundido una inversión de 985 millones de pesos en infraestructura hidráulica, además de avances en obras, pozos y acciones de mitigación. Sin embargo, la cifra contrasta con la persistencia de colonias vulnerables, cárcamos insuficientes, canales azolvados y drenajes incapaces de desalojar el volumen de agua durante tormentas intensas.
En años recientes también se han anunciado recursos millonarios para obras de agua y drenaje, principalmente en municipios del oriente mexiquense, donde Chalco evidenció una de las crisis más graves por aguas negras estancadas. Aun así, la respuesta oficial ha sido reactiva: brigadas después del daño, recorridos tras la emergencia y apoyos cuando las familias ya fueron afectadas.
De acuerdo con datos del INEGI, el Estado de México supera los 17.7 millones de habitantes, lo que exige una política hidráulica proporcional a su presión urbana. La expansión habitacional, la pérdida de zonas de absorción, la basura en barrancas y la falta de mantenimiento agravan el riesgo, pero no eximen al gobierno de su responsabilidad.
