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Por Ricardo Sevilla
El uso del poder punitivo, desgraciadamente, se ha convertido en el eje ordenador de la política de comunicación social en San Luis Potosí.
Y es que detrás de la hipócrita narrativa oficial del gobernador verdecologista –que se desgañita hablando de una “vanguardia legislativa” que asegura combatir los delitos cibernéticos y los deepfakes– se esconde un sofisticado engranaje de persecución penal enfocado en desmantelar las plataformas de periodismo ciudadano e independiente que operan fuera del ecosistema de medios subvencionados por el gobierno estatal.
El uso faccioso del aparato penal por parte del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, ejecutado a través de la Fiscal General del estado, María Manuela García Cázares, ha colocado a la entidad en una posición de extrema vulnerabilidad democrática ante los ojos de la comunidad internacional.
¿Y sabe por qué? Porque, en lugar de mantener una postura neutral de estricta legalidad, García Cázares, sin empacho ni vergüenza, ha salido a defender públicamente los arrestos de periodistas, argumentando la supuesta protección de la “dignidad humana y la identidad digital”.
Es lamentable que los subordinados de Gallardo y Cázares –que son autómatas que acatan todo lo que sus jefes les ordenan– interpreten estas normas como una orden directa para proteger la imagen del gobernador.
Lo cierto es que, en el fondo de esta maniobra es transexenal. Y es que al garantizar la permanencia de una fiscalía alineada hasta el término de la gestión de Gallardo en 2031, la corriente gallardista busca reducir a cero los riesgos de rendición de cuentas en el futuro.
A corto plazo, la tramposa estrategia podría entregarle escabrosos dividendos al gobierno: induce a la autocensura, frena investigaciones incómodas de portales independientes como Código Rojo o San Wicho Times, y simula una modernidad legislativa.
El aparato de justicia potosino sufre de amnesia ante los criminales y de hiperactividad frente a los comunicadores.
