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Por Diana Sánchez Barrios
La reciente comparecencia de Alessandra Rojo de la Vega ante el Congreso de la Ciudad de México dejó una sensación inquietante al interior del Poder Legislativo local porque, más que un ejercicio democrático de rendición de cuentas como obliga la ley, se presentó como un espectáculo cuidadosamente diseñado para las cámaras, las redes sociales y la confrontación mediática. Entre frases demagógicas y efectistas, cifras ambiguas difíciles de contrastar y discursos de autocelebración personal, quedaron en segundo plano los problemas reales que viven diariamente las y los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc.
La comparecencia se construyó alrededor de una narrativa de “orden recuperado”, “espacio público rescatado” y “mano firme” contra distintos actores urbanos, particularmente, el comercio popular. Su concepción es la de un orden autoritario que se sostiene en la criminalización de las personas. En lugar de comprender las causas estructurales de fenómenos como la pobreza, la desigualdad, el comercio en la vía pública o la protesta social, opta por reducirlos a problemas de seguridad, limpieza social o disciplina urbana. Así, el comerciante popular deja de ser un trabajador precarizado para convertirse en “enemigo del orden”.
La retórica de la “mano firme”, del “espacio recuperado” o del “orden restaurado” suele esconder una lógica autoritaria. Porque frecuentemente no se trata de recuperar derechos colectivos, sino de administrar a la alcaldía Cuauhtémoc desde la exclusión. El problema no es el orden en sí mismo —porque toda sociedad necesita normas de convivencia—, sino el tipo de orden que se impone y a quién beneficia. Mientras el orden democrático organiza la convivencia respetando los derechos de las personas, el orden autoritario que pregona la alcaldesa administra el miedo para producir obediencia.
En el orden democrático la autoridad reconoce interlocutores sociales; mientras que en el orden autoritario se fabrican enemigos públicos. En el primero, el espacio urbano es entendido como un lugar de encuentro ciudadano; en el segundo, como un territorio que debe ser controlado y depurado socialmente. Por eso, cuando la alcaldesa Rojo de la Vega privilegia el espectáculo punitivo, los operativos mediáticos y la confrontación permanente, en realidad está promoviendo la sustitución de la política por la lógica policial y represiva.
Las ciudades democráticas no se construyen expulsando pobres ni silenciando conflictos, sino ampliando derechos, fortaleciendo la participación y generando justicia social.
