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* Reforma plantea crear comisión para verificar integridad de candidaturas
* Cinco consejeros evaluarán riesgos con apoyo de autoridades federales
* Partidos decidirán registros con base en alertas institucionales
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Con 5 consejeros electorales, evaluación obligatoria para aspirantes y participación de 4 instancias clave —UIF, CNBV, CNI y FGR—, el Gobierno federal impulsa un nuevo filtro para evitar la infiltración del crimen organizado en candidaturas rumbo a 2027. La iniciativa, presentada por Luisa María Alcalde Luján, plantea reformar la ley electoral para cerrar el paso a perfiles de riesgo.
La propuesta contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que operaría dentro del Instituto Nacional Electoral. Este órgano estaría integrado por cinco consejeros designados por el Consejo General por un periodo de tres años, con la tarea de revisar los perfiles de quienes busquen competir por cargos públicos.
El mecanismo funcionará a partir de la entrega de listas de aspirantes por parte de los partidos políticos. Posteriormente, la comisión consultará de manera simultánea a instancias de inteligencia y seguridad, como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Estas instituciones no revelarán detalles de investigaciones en curso, sino que únicamente informarán si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. Con base en esa respuesta, la comisión notificará a los partidos, quienes tendrán la decisión final de mantener o retirar la candidatura.
Un punto clave es que todos los aspirantes deberán firmar obligatoriamente su consentimiento para ser evaluados, independientemente de si el partido decide someterlos al escrutinio. Además, el proceso estará blindado bajo estrictas reglas de confidencialidad para no vulnerar la presunción de inocencia ni el debido proceso.
Al tratarse de una reforma a la legislación secundaria, bastará mayoría simple en el Congreso para su aprobación, lo que podría acelerar su entrada en vigor antes del próximo proceso electoral federal.
Con esta iniciativa, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca reforzar los controles de integridad en la vida política y evitar que intereses criminales se filtren en los espacios de poder, en un contexto donde la seguridad y la transparencia electoral se mantienen como temas prioritarios en la agenda nacional.
