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ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El congelamiento de cuentas bancarias se convirtió en una de las principales herramientas de presión e investigación utilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra figuras políticas y sindicales de alto perfil en México.
En los últimos años, al menos 15 personajes vinculados al poder político, gobiernos estatales y estructuras sindicales han enfrentado bloqueos financieros, aseguramiento de recursos o investigaciones patrimoniales relacionadas con presunto lavado de dinero, corrupción, delincuencia organizada y desvío de recursos públicos.
Los casos alcanzan a exgobernadores, exsecretarios federales, senadores y líderes sindicales de distintos partidos políticos, lo que refleja el alcance que adquirió la UIF en expedientes de alto impacto político.
Uno de los casos más visibles fue el de Francisco García Cabeza de Vaca. En 2021, la UIF ordenó bloquear cuentas personales, familiares y empresariales ligadas al entonces mandatario panista, mientras la Fiscalía General de la República impulsaba investigaciones por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
Otro expediente emblemático fue el de Guillermo Padrés Elías, detenido en 2016 por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones financieras alcanzaron a familiares y empresas relacionadas con su círculo cercano, incluido su hermano Miguel Padrés Elías.
La lista también incluye a Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval y Tomás Yarrington, todos investigados por presunto desvío de recursos públicos, lavado de dinero o vínculos con estructuras criminales.
En el ámbito federal aparece Genaro García Luna, cuya red financiera fue congelada tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa cuando trabajo con Felipe Calderón.
También figura Rosario Robles, investigada por las operaciones relacionadas con la llamada Estafa Maestra durante el gobierno del priista, Enrique Peña Nieto.
La ofensiva financiera alcanzó igualmente a estructuras sindicales históricas. El caso más conocido es el de la líder de la SNTE, Elba Esther Gordillo, cuyas cuentas bancarias, inversiones y cajas de seguridad fueron congeladas tras su detención en 2013 por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada vinculados al manejo de recursos del sindicato magisterial.
Otro líder sindical investigado financieramente fue el de trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps. En 2019 se reportó el congelamiento de cuentas relacionadas con él y familiares cercanos en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
A estos nombres se suma el líder de Notimex, Conrado García Velasco, quien enfrentó bloqueos financieros derivados de investigaciones por presunto desvío de recursos sindicales.
También aparece el líder de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, señalado por autoridades tras investigaciones relacionadas con trata de personas y operaciones financieras.
El caso más reciente involucra a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La UIF informó sobre el congelamiento preventivo de cuentas de Personas Políticamente Expuestas ligadas a investigaciones internacionales por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre los nombres mencionados se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Aunque la UIF sostiene que los bloqueos son medidas preventivas para evitar movimientos de recursos ilícitos, diversos especialistas han advertido que en múltiples casos las cuentas fueron desbloqueadas posteriormente mediante amparos y resoluciones judiciales, sin que existieran sentencias definitivas contra los involucrados.
