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Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
El caso Rocha, quien fuera Gobernador de Sinaloa, y el de sus coacusados ha generado profundo desasosiego en el ámbito nacional. Políticos, académicos y una amplia diversidad de voces de la sociedad civil se han pronunciado al respecto. En términos generales, sus opiniones merecen consideración. No se trata de descalificar postura alguna, pues en asuntos de esta naturaleza siempre existen perspectivas divergentes; sin embargo, la realidad es que un juzgado, con los elementos suficientes a su disposición, ha determinado dictar órdenes de aprehensión.
Que ahora se exijan a la autoridad judicial “pruebas contundentes” resulta un despropósito, puesto que ello forma parte del proceso mismo. En materia penal, y más aún en el ámbito procesal, los criterios establecidos son precisos: para dictar una orden de aprehensión basta con contar con indicios que hagan probable la responsabilidad del presunto encausado. En esa lógica, las pruebas contundentes que tanto se invocan serán, en su momento, objeto del juicio; será la fiscalía correspondiente quien las presente ante el tribunal, instancia en la que la defensa tendrá pleno derecho a rebatirlas. Lo que no resulta admisible es que autoridad alguna pretenda obstruir la correcta y justa aplicación de la ley.
En síntesis, denota ignorancia jurídica, y un profundo mal gusto, sostener que, para proceder contra un individuo, deben exigirse previamente pruebas contundentes como condición para emitir una orden de aprehensión. Las autoridades que desconozcan estos fundamentos del derecho tienen la obligación de pedir consejo a juristas de excepción. No basta ostentar un título en derecho, y menos aún, cuando este proviene de instituciones de dudosa calidad académica; actuar desde esa precariedad no solo expone a quien lo hace al ridículo, sino que constituye una grave irresponsabilidad.
México cuenta con una larga tradición de brillantes juristas, y este es el momento de acudir a ellos, dejando a un lado el amiguismo y el partidismo. Un símil ilustrativo: ante una enfermedad grave, ¿confiaría algún funcionario su salud a un médico recién egresado, sin experiencia ni reconocimiento? Sin duda buscaría al más calificado. Lo mismo debe aplicar en materia jurídica: asesorarse con rigor y buscar la excelencia en el derecho, para no incurrir en despropósitos públicos.
Finalmente, resulta lamentable que, en defensa de Rocha, se invoque la soberanía nacional como argumento. ¿Acaso Rocha y los demás acusados encarnan esa autonomía? La respuesta es categórica: no. Que se proceda con ellos como se procedió en su momento con el Chapo y con tantos otros. La ley no reconoce privilegios, y la autodeterminación se defiende precisamente aplicándola con plena integridad.
