338 lecturas
Por Jorge Gómez Naredo
El sábado pasado, en la ciudad de Chihuahua, se realizó una marcha convocada por Morena para protestar contra la gobernadora Maru Campos, señalada por vulnerar la soberanía nacional al permitir la operación de agentes de la CIA en la entidad.
La respuesta del gobierno estatal fue de manual priista: cerrar accesos a la capital con el pretexto de “obras”, suspender el transporte público y soltar provocadores para intentar reventar la movilización. Tácticas viejas para desgastar, desanimar y sembrar caos.
Pero no funcionó. La marcha se llevó a cabo y fue nutrida. Ariadna Montiel, presidenta de Morena, sostuvo que hubo violación a la soberanía y planteó la necesidad de un juicio político.
El nerviosismo tiene contexto: Chihuahua es de los pocos bastiones que le quedan al PAN y, según diversas mediciones, el próximo año podría perderlo. Cuando un gobierno se siente contra la pared, deja de gobernar y empieza a operar: estorbar, boicotear, administrar el conflicto.
El fondo es más grave. Si efectivamente se permitió la presencia y operación de una agencia de inteligencia extranjera en territorio estatal sin conducción ni autorización federales, no estamos ante una anécdota ni propaganda: es un hecho que exige claridad institucional y rendición de cuentas. Lo mínimo es responder: ¿quién autorizó?, ¿bajo qué marco?, ¿con qué objetivos?, ¿con qué controles?
Desde el PRIAN han intentado justificarlo insinuando acciones contra el narcotráfico. Pero eso no disipa la pregunta central: la CIA no es una policía ni un órgano antidrogas. Minimizarlo o esconderlo tras excusas no sólo es irresponsable: es peligroso.
Y si, además, se intentó reventar una protesta con sabotaje y provocación, el mensaje es claro: no quieren explicar, quieren callar. En el caso de Chihuahua no se está discutiendo sólo una elección, se está construyendo soberanía nacional.
