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Por Ricardo Sevilla
Detrás de la fachada de una de las principales empresas de telecomunicaciones en México, se esconde un historial acumulado de sanciones, opacidad y prácticas que afectan directamente el derecho de los consumidores.
Bajo la dirección de Enrique Yamuni Robles, la empresa Megacable ha transitado un camino marcado por multas millonarias, litigios penales y una resistencia sistemática a cumplir con los estándares de calidad y competencia.
El 2024 fue uno de los períodos más críticos para la reputación de la empresa. Y es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso una sanción superior a los 24 millones de pesos tras determinar que la compañía incumplió de forma reiterada con los estándares mínimos de calidad en el servicio de telefonía fija.
Esta multa es la respuesta a una intermitencia constante del servicio y a la incapacidad técnica para resolver las quejas de miles de usuarios.
Pero le digo más: la relación entre Megacable y sus clientes ha llegado a puntos de ruptura legal. La Profeco ha tenido que intervenir en múltiples ocasiones, destacando el episodio de octubre de 2022, cuando caídas masivas dejaron a familias enteras sin internet.
Uno de los capítulos más oscuros en la historia de la empresa de Yamuni Robles involucra delitos federales. En 2017, la entonces PGR realizó cateos en instalaciones de Megacable en el Estado de México (Tenancingo y Atlacomulco).
La empresa fue señalada por el presunto robo de señales, transmitiendo contenido de Televisa (Canal 9) sin poseer los derechos de cobertura nacional, una estrategia para reducir costos operativos mediante la transgresión de la propiedad intelectual.
Pero, obviamente, sobre eso no quieren hablar en Megacable.
