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Una extrabajadora de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) denunció haber sido víctima de abuso sexual, hostigamiento laboral y violencia institucional por parte de un funcionario de la actual administración. A más de un año de los hechos, asegura que enfrenta represalias que la mantienen sin salario y sin posibilidad de conseguir otro empleo formal.
Adriana Horta Flores, con más de cuatro años de antigüedad en la alcaldía, señala como presunto agresor a Francisco Facio, quien fuera su jefe directo.
Relató que el 30 de noviembre de 2024 fue citada bajo el argumento de una urgencia laboral. El funcionario pasó por ella a su domicilio y la llevó a una oficina sin condiciones habituales de trabajo.
Ahí, según su testimonio, intentó que consumiera alcohol, presumió supuestas influencias políticas para intimidarla y condicionó su permanencia laboral a mantener cercanía personal con él. Ante su negativa, el funcionario habría realizado tocamientos indebidos y la amenazó, insinuando que habría consecuencias si no accedía.
Represalias institucionales y bloqueo de pagos
Tras rechazar las insinuaciones, Adriana comenzó a enfrentar hostilidad laboral. En enero de 2025, el funcionario se negó a firmar la liberación de sus pagos, vinculando esta decisión a su negativa a sostener una relación de carácter sexual: “Como tú no accediste a lo que yo te pedí, yo tampoco voy a firmarte”.
La violencia se extendió al ámbito administrativo cuando personal del área de nóminas respaldó al agresor. Ante estos hechos, Adriana interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Posteriormente, señala que funcionarios de la alcaldía le informaron que quedaba fuera de la institución, argumentando que su denuncia afectaba la imagen del gobierno local.
Un sistema que protege al agresor
Actualmente, la situación legal y laboral de Horta Flores es crítica. La Secretaría de Finanzas confirma que continúa dada de alta y que los recursos son transferidos a la alcaldía; sin embargo, la administración mantiene bloqueado el pago de su salario.
Al permanecer activa en el sistema del ISSSTE, no puede ser registrada en otro empleo formal bajo el IMSS, lo que la deja sin ingresos y sin posibilidades de sostener a sus hijos, evidenciando las consecuencias económicas de la violencia institucional.
A pesar de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió un oficio al alcalde solicitando información sobre el caso y reiterando el compromiso de no tolerar violencia contra las mujeres, hasta el momento no se ha emitido respuesta pública.
Consecuencias y falta de protección
La denunciante reporta que el presunto agresor continúa en funciones y que ha utilizado vehículos oficiales para acudir a las inmediaciones de su domicilio, lo que percibe como actos de intimidación. Peritajes psicológicos y evaluaciones de riesgo realizados por la Fiscalía han identificado un “riesgo latente” y afectaciones graves a su salud mental, incluyendo depresión y ansiedad.
Aunque cuenta con medidas de protección como el “Código Águila”, señala que la respuesta institucional es tardía, con demoras de hasta dos horas ante llamados de auxilio. En paralelo, el Órgano Interno de Control ha indicado que la resolución de su queja podría tardar entre tres y siete años.
