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Por Ana E. Rosete
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para determinar si existen elementos que sustenten la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, aunque advirtió posibles irregularidades en el manejo del caso, incluida una presunta violación a la confidencialidad.
El vocero de la institución, Ulises Lara López, explicó que este procedimiento es el primer paso para, en su caso, solicitar órdenes de aprehensión, conforme a la legislación mexicana, la cual exige datos de prueba suficientes para acreditar la probable comisión de un delito.
#AlMomento Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, con relación a la información dada a conocer este día por autoridades de los #EUA sobre funcionarios de #Sinaloa.
— FGR México (@FGRMexico) April 30, 2026
Detalló que la Fiscalía analizará la información enviada por autoridades estadounidenses, particularmente del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y la DEA, con el fin de verificar si existen elementos que permitan proceder penalmente y eventualmente atender una solicitud de detención con fines de extradición.
Sin embargo, la FGR adelantó que la solicitud presentada por Estados Unidos no contiene pruebas contundentes que respalden las acusaciones. “No se acompaña de elementos probatorios suficientes”, señaló Lara López, quien subrayó que el tratado bilateral de extradición establece que solo se concederá este procedimiento si las evidencias cumplen con las leyes mexicanas.
La investigación se da tras los señalamientos del Departamento de Justicia contra Rocha Moya y otros funcionarios, incluidos mandos de seguridad y el alcalde de Culiacán, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ante ello, el gobierno mexicano solicitó que la información se mantenga como reservada, al advertir que su difusión podría afectar los procesos penales en curso.
