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Por Ana E. Rosete
Nombrar a Edith exige silencio y respeto. Antes que cifra o consigna, fue una joven con vida, con historia, con afectos. Hoy su ausencia atraviesa a su familia y a muchas mujeres que reconocen en su caso una herida compartida.
Lo que ha emergido es grave: retrasos institucionales, posibles actos de corrupción, omisiones que en contextos de violencia de género no son menores. Cada minuto perdido cuenta. Cada decisión postergada pesa. La exigencia de justicia, por tanto, es irrenunciable: verdad, sanción y reparación.
Pero esa exigencia se debilita cuando el caso se convierte en terreno de disputa. En los últimos días, distintas voces han intentado apropiarse del nombre de Edith: para señalar, para defender, para posicionarse. Y aunque la política debe exigir cuentas, hay una línea que no debería cruzarse.
Cuando el feminicidio de una mujer se usa como herramienta, se le despoja de su historia. Se le reduce a símbolo. Se le convierte en argumento. Y eso también es una forma de violencia.
La sororidad no sólo acompaña el duelo: lo resguarda. Implica no utilizar el dolor de una mujer para confrontar a otras, estén donde estén. Implica sostener su nombre con dignidad.
El caso de Edith no habla sólo de coyuntura, sino de estructura: instituciones que fallan, mecanismos que no alcanzan, responsabilidades que no siempre se asumen. Eso no se corrige con discursos.
Que su nombre no sea botín. Que sea memoria. Y, sobre todo, una exigencia intacta de justicia.
