Visitas
Diego Raya
Ciudad de México.- Durante el ejercicio fiscal de 2025, la alcaldía Cuauhtémoc —demarcación dirigida por Alessandra Rojo de la Vega— fue la más sancionada por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) en materia de construcciones irregulares, pues en este perímetro se suspendieron 30 obras entre los meses de enero y diciembre.

De acuerdo con los datos de la dependencia capitalina, la demarcación de Cuauhtémoc concentró por sí sola más de una cuarta parte de las 114 suspensiones registradas en toda la ciudad durante ese año, lo cual es reflejo de una alta presión inmobiliaria y la incidencia de irregularidades en desarrollos urbanos dentro de este territorio, el cual es uno de los más importantes para la capital.
Por detrás de la Cuauhtémoc se ubicó Miguel Hidalgo —entidad administrada por Mauricio Tabe Echartea—, con 16 obras suspendidas durante 2025; por su parte, Álvaro Obregón —dirigida por el morenista Javier López Casarín— se quedó con 15 obras detenidas; en el caso de Benito Juárez —bajo el mando de Luis Mendoza— se registraron 12 obras paradas. Todas las zonas anteriores están consideradas como áreas con intensa actividad constructiva, con un potencial inmobiliario importante.
El Instituto de Verificación Administrativa de la capital (INVEA) es el organismo encargado de supervisar que establecimientos mercantiles, obras y construcciones cumplan con la normatividad vigente. Entre sus funciones principales se encuentra la realización de visitas de verificación, la imposición de medidas cautelares como la suspensión de actividades y la colocación de sellos cuando se detectan irregularidades, como es el caso de los números presentados por la dependencia en materia de construcciones irregulares.
Para suspender una obra, el INVEA toma en cuenta diversos factores como la falta de permisos o licencias, violaciones al uso de suelo, incumplimiento de medidas de seguridad estructural, o la ausencia de manifestaciones de construcción debidamente registradas. Cuando la dependencia capitalina acredita alguna de estas faltas, el personal coloca sellos de suspensión que impiden continuar los trabajos hasta que se regularice la situación de la obra.
Por otra parte, levantar estos sellos no es un proceso inmediato, y tampoco gratuito. Las entidades o personas responsables de la falta deben subsanar las irregularidades, pagar multas que pueden alcanzar los 560 mil pesos —es decir 5 mil UMAs)— según la falta, además de realizar los trámites correspondientes ante las autoridades para normalizar la situación de la obra.
Solo entonces el instituto puede autorizar la reanudación de los trabajos.
Finalmente, para 2026 los datos recopilados con corte al mes de enero muestran apenas cuatro suspensiones en total, de las cuales 2 se registraron en la misma alcaldía Cuauhtémoc, es decir, el 50% de la incidencia registrada durante lo que va del año.