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Han hundido los líderes a sus partidos

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Ciudad de México. – Para las próximas elecciones 2027, tanto el PAN como el PRI han abierto a ciudadanos para participar como aspirantes a las candidaturas, ya que sus líderes, Jorge Romero en el blanquiazul y Alejandro “Alito” Moreno han hundido a sus propios partidos al cooptar el poder político y mantener constantes señalamientos de corrupción.

Romero Herrera subió a la presidencia del PAN en 2024 después de que estuviera en la discusión pública el tema del Cártel Inmobiliario que se gestó en la alcaldía capitalina de Benito Juárez cuando el panista fue delegado entre 2012 y 2015. Este esquema lo había advertido Felipe Calderón en 2020 y Margarita Maza en 2018, además de señalar que la alteración de padrones de militantes le permitió al grupo cercano de Romero durante la década pasada, lo que trajo una salida de líderes panistas.

En el Cártel Inmobiliario los funcionarios de BJ acordaban con constructoras permisos y beneficios ilegales a cambio de propiedades y favores. Por este esquema la Fiscalía local (FGJ CDMX) ha abierto hasta 55 carpetas de investigación y se han detenido cerca de 16 funcionarios que colaboraron desde el gobierno de Romero Herrera. Incluso la hermana de Jorge, Noelia Romero fue detenida por contar con ingresos no justificados. En el mismo esquema, las autoridades incluyeron al panista en investigaciones por ingresos irregulares.

En el caso de Alito Moreno, quién además de dirigente ha sido legislador desde 2021 lo que le ha permitido un fuero que lo proteja ante investigaciones por presuntos delitos. La Cámara de Diputados tiene suspendido un proceso de desafuero por el uso irregular de recursos cuando el priísta gobernó Campeche (2015-2019). El proceso es derivado de investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECam).

Por otro lado la Fiscalía de Campeche también ha sostenido desde 2022 investigaciones contra Moren Cárdenas por enriquecimiento ilícito. Entre otras polémicas, el líder del PRI también ha sido parte de un esquema de compra de terrenos en zonas protegidas a precios por debajo de su valor, situaciones que tampoco han sido esclarecidas.

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