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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La tensión social escaló en el centro de Toluca luego de que decenas de familias, acompañadas por agrupaciones civiles, salieran a las calles para manifestar su inconformidad tras la clausura de múltiples centros de rehabilitación en el Estado de México, estos encabezados, en algunos casos, por la denominada patrulla espiritual.

La Plaza de los Mártires se convirtió en punto de concentración donde los asistentes visibilizaron una problemática que, aseguran, no termina con operativos: la falta de opciones reales para atender las adicciones. La protesta, impulsada por colectivos y figuras vinculadas a grupos de apoyo, surgió como respuesta directa a las acciones emprendidas por autoridades estatales y federales, quienes aseguraron decenas de inmuebles bajo el argumento de operar fuera de la ley. Sin embargo, para los manifestantes, la medida dejó un vacío inmediato en la atención de personas que requieren acompañamiento constante.
Entre consignas y pancartas, los asistentes advirtieron que el cierre de estos espacios podría traducirse en un incremento de personas en situación de calle, recaídas y mayor exposición a contextos de violencia. “No todos los centros son iguales”, insistieron, al exigir que se diferencie entre aquellos que incurren en irregularidades y los que, con limitaciones, brindan apoyo comunitario.
La movilización avanzó por vialidades clave del primer cuadro de la ciudad, generando presión hacia el gobierno estatal para abrir canales de diálogo. Las familias demandan esquemas de regularización, supervisión y respaldo institucional que permitan mantener operativos los centros que sí cumplen una función social.
En contraste, la postura oficial sostiene que los operativos responden a denuncias por condiciones inhumanas dentro de varios anexos. Informes preliminares documentaron hacinamiento, maltrato físico y posibles delitos graves, lo que derivó en el rescate de más de mil personas. Bajo esta lógica, las autoridades han reiterado que no se permitirá la operación de espacios que vulneren derechos humanos.