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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La indignación acumulada durante más de una década se desbordó en las calles del centro de Toluca, donde familiares de víctimas de presunta negligencia médica bloquearon vialidades principales para exigir justicia y respuestas que, aseguran, nunca llegaron.
La movilización inició con el cierre de avenida Hidalgo y el cruce con Isidro Fabela, para posteriormente trasladarse a las inmediaciones de Palacio de Gobierno, donde los manifestantes visibilizaron su exigencia ante autoridades estatales. El reclamo gira en torno a procesos judiciales que permanecen abiertos, pero sin sentencia, pese a que tres médicos ya han sido vinculados por homicidio y lesiones.

Los familiares sostienen que las muertes y afectaciones derivaron no solo de los procedimientos quirúrgicos, sino de las condiciones en que estos se realizaron. Denuncian que las intervenciones ocurrieron en espacios sin equipamiento adecuado, sin áreas de terapia intensiva y sin capacidad de reacción ante emergencias, lo que habría sido determinante en los desenlaces fatales.
A esta situación se suma la molestia por la lentitud institucional. Señalan que, a pesar de antecedentes legales en contra de los implicados, estos continuaron ejerciendo, lo que permitió que se acumularan más víctimas. Para los deudos, la omisión no solo fue médica, sino también administrativa y judicial.
El impacto trasciende lo individual. Detrás de cada caso hay familias fragmentadas, menores que quedaron sin sustento y una percepción creciente de impunidad que ha deteriorado la confianza en las instituciones encargadas de garantizar justicia y regular la práctica médica.
Durante la protesta, los inconformes exigieron la intervención directa del gobierno estatal para agilizar los procesos y evitar que los responsables enfrenten sus casos en libertad. Insisten en que su lucha no es económica, sino por una resolución que siente precedente y evite que hechos similares se repitan.
El bloqueo, que provocó afectaciones viales por varias horas, evidenció una problemática estructural: la falta de supervisión en servicios médicos privados y la tardanza en los procesos judiciales, factores que, advierten, continúan poniendo en riesgo a la población.