Visitas
Personajes innombrables para la militancia tricolor arrastran pugnas internas, señalamientos de corrupción, opacidad, clientelismo, reciclaje político y hasta presuntos vínculos criminales
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- El anuncio de los llamados “defensores de México” por parte de Alejandro Moreno no logró apagar el ruido interno en el PRI. Por el contrario, exhibió una constante que persigue al partido rumbo a 2027: el reciclaje de liderazgos cuestionados, marcados por pugnas,
opacidad y resultados pobres.
En Aguascalientes, nombres como Leticia Olivares, Kendor Macías y Humberto Ambriz reflejan más disputas internas que propuestas. Militantes señalan falta de transparencia, clientelismo y continuidad de la vieja guardia.
El mismo patrón se repite en Baja California Sur, donde Roxana Higuera, Fabrizio del Castillo, Antonio Manríquez y Juan Valdivia cargan con críticas por acuerdos cupulares, falta de resultados y nula renovación.
En Baja California, Daniela Salgado, Adrián Valle y Víctor Galicia son señalados por opacidad y prácticas tradicionales que debilitan la credibilidad del tricolor frente a nuevas fuerzas políticas.
Campeche no es excepción. Karla Toledo, Christian Castro, Pablo Angulo, Ariana Rejón y Emilio Lara aparecen en un escenario donde el PRI apenas alcanza 8.1% de intención de voto, atrapado entre clientelismo y falta de credibilidad.
En Nayarit, Manuel Cota, Enrique Díaz y Paola Vargas arrastran acusaciones de corrupción, uso político de programas y simulación de renovación.
Uno de los casos más delicados es Nuevo León, donde Adrián de la Garza enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, contratos irregulares y abusos durante su paso por la procuraduría.
Querétaro concentra otra lista polémica: Abigail Arredondo, Adriana Meza, Manuel Montes, Mario Calzada y René Mejía, todos bajo la sombra de opacidad, clientelismo y disputas internas.
En Quintana Roo, Cora Amalia Castilla, Filiberto Martínez y Leslie Hendricks enfrentan críticas por nepotismo, desvíos y cercanía con exgobernadores señalados por corrupción.
San Luis Potosí exhibe fracturas abiertas con Enrique Galindo —expulsado del PRI—, Sara Rocha y Frinné Azuara, en medio de acusaciones de corrupción, litigios internos y dirigencias debilitadas.
En Sinaloa, Paloma Sánchez y Mario Zamora simbolizan derrotas electorales y cercanía con las decisiones más cuestionadas del partido.
Sonora suma a Guadalupe Soto y Víctor Celaya, señalados por encubrimiento político y continuidad de estructuras desgastadas.
En Zacatecas, Arturo Nahle carga con polémicas por declaraciones, judicialización de la política y aspiraciones cuestionadas.
Tlaxcala refleja crisis financiera bajo Enrique Padilla, entre multas, deudas y opacidad, mientras
Anabell Ávalos fue sancionada por uso indebido de menores en propaganda.
Y como telón de fondo, el fantasma de Rosario Robles y la “Estafa Maestra” sigue marcando al PRI como símbolo de corrupción estructural.
Así, rumbo a 2027, el tricolor intenta reorganizarse, pero lo hace con figuras que, lejos de representar un nuevo comienzo, cargan con el peso de un pasado que aún no logra soltar.
