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Redacción
A medida que se acerca el proceso electoral del 2027, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Alejandro Moreno, ha comenzado a reposicionar perfiles políticos en distintas entidades del país, varios de ellos señalados previamente por presuntas irregularidades administrativas, auditorías o procesos judiciales.
De acuerdo con reportes de plataformas de análisis político y registros de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el partido ha retomado figuras que han estado vinculadas a investigaciones por manejo de recursos públicos, en una estrategia que busca fortalecer su estructura territorial de cara a los próximos comicios.
Uno de los casos más visibles es el de Rosario Robles, quien tras enfrentar un proceso legal relacionado con la Estafa Maestra y haber estado en prisión, ha reaparecido en la vida pública y es considerada como una operadora política cercana a sectores del partido.
En el norte del país, Adrián de la Garza retomó la alcaldía de Monterrey en medio de cuestionamientos sobre contratos de alto monto, mientras que en San Luis Potosí, Enrique Galindo impulsa proyectos de inversión para 2026, pese a señalamientos relacionados con su trayectoria en materia de seguridad.
En Michoacán, el dirigente estatal Guillermo Valencia ha enfrentado acusaciones que lo vinculan con presuntos grupos delictivos, mismas que él ha rechazado, al señalar que se trata de persecución política. En tanto, en Chihuahua, Alejandro Domínguez ha sido objeto de críticas internas por presuntas prácticas de nepotismo dentro del partido.
Otros perfiles que se mantienen activos son el senador Manuel Añorve, en Guerrero, y el hermano de la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, Arturo Nahle, en Zacatecas, ambos con trayectoria en cargos públicos y presencia en la estructura priísta.
Incluso el presidente nacional del PRI, “Alito” Moreno ha estado en el centro de varios de los escándalos políticos más sonados en años recientes. Entre los más relevantes destacan la filtración de audios en 2022 en los que habla sobre financiamiento irregular de campañas, evasión fiscal y manejo opaco de recursos.
A esto se suman investigaciones de la Fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito, derivadas de la exposición de propiedades de alto valor no acordes con sus ingresos declarados. También ha sido señalado por posibles irregularidades durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019), particularmente en el uso de recursos públicos y contratos.
Aunque la dirigencia del PRI ha insistido en un proceso de renovación interna, especialistas señalan que la reincorporación de estos perfiles podría generar cuestionamientos sobre la congruencia del partido frente a las demandas ciudadanas de transparencia y rendición de cuentas.
