Visitas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Este miércoles la irrupción de fuerzas estatales en el primer cuadro de la capital mexiquense volvió a exhibir un problema de fondo: la debilidad del gobierno municipal frente al crimen.
Por segundo día consecutivo, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutaron operativos contra presuntos centros de extorsión telefónica, sin que la policía de Toluca tuviera un papel visible.
Las acciones se concentraron en la Plaza de la Tecnología y en un inmueble ubicado en la calle Galeana, donde, de acuerdo con investigaciones, operaban células dedicadas a fraudes y amenazas telefónicas. Los cateos fueron realizados por elementos de la Policía de Investigación, con respaldo de fuerzas estatales y federales.
Sin embargo, la escena también dejó ver lo que no estuvo: la presencia municipal. Ni patrullajes preventivos, ni despliegues de apoyo, ni coordinación operativa por parte del gobierno local. La ausencia de la policía de Toluca en un operativo de esta magnitud encendió cuestionamientos sobre el papel del alcalde Ricardo Moreno en la estrategia de seguridad.
Comerciantes del centro señalaron que las llamadas de extorsión y fraudes han ido en aumento en los últimos meses, sin que exista una respuesta clara desde el ayuntamiento.
A pesar de ello, fue necesario que instancias externas intervinieran para contener una problemática que se gestó en territorio municipal.
Especialistas en seguridad advierten que este tipo de intervenciones reflejan un vacío institucional: cuando el municipio no actúa, el estado asume funciones. En Toluca, esa sustitución se ha vuelto constante.
Así, mientras la Fiscalía avanza en la desarticulación de redes delictivas, la administración de Ricardo Moreno queda expuesta como un gobierno sin capacidad preventiva ni reacción efectiva. La capital mexiquense enfrenta una creciente inseguridad con una autoridad local que, a decir de ciudadanos, ha sido completamente rebasada.
