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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Una presunta red de “aviadores” dentro del sistema educativo estatal encendió las alertas en el gobierno del Estado de México, luego de que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) detectara irregularidades en el registro de personal docente que cobraba salarios sin desempeñar funciones en las escuelas.
Tras revisar los registros administrativos y la base de datos de nómina, la dependencia identificó 324 plazas vinculadas a Claves de Centro de Trabajo (CCT) que no se encontraban vigentes o que incluso carecían de existencia dentro de la estructura educativa oficial. Pese a ello, los pagos se realizaban de manera periódica, lo que sugiere un posible desvío sistemático de recursos públicos.
El hallazgo se originó a partir de un informe interno emitido el 5 de febrero por la Dirección de Secundarias Generales y Técnicas, donde se alertaba sobre inconsistencias en los registros de adscripción del personal docente. A partir de ese momento, se inició un proceso de revisión administrativa que permitió identificar el patrón de pagos vinculados a plazas sin respaldo institucional.
Las investigaciones preliminares apuntan a dos posibles escenarios: una manipulación interna del sistema de nómina por parte de funcionarios con acceso a los registros administrativos o una intrusión externa que habría permitido la incorporación de datos falsos dentro del sistema de pagos.
Ante la magnitud del posible fraude, la SECTI presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el pasado 26 de febrero, con el objetivo de que se investigue el origen de las irregularidades y se determinen responsabilidades penales.
La carpeta de investigación abierta por la fiscalía busca identificar tanto a los beneficiarios directos de estos pagos como a los servidores públicos que pudieron haber facilitado el registro de las plazas inexistentes, en un esquema que habría permitido que recursos destinados al sistema educativo terminaran en manos de personas que nunca impartieron clases. El caso abre un nuevo frente político en torno a la transparencia y el control de la nómina educativa, uno de los rubros de mayor presupuesto dentro del aparato gubernamental estatal.
