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El partido blanquiazul asegura que la iniciativa presidencial no cuenta con mecanismos para saber si grupos del crimen intervienen en los procesos; sin embargo la reforma sí lo incluye
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La narrativa del Partido Acción Nacional (PAN) sigue evidenciándose como una serie de mentiras respecto a su negativa de aprobar la Reforma Electoral enviada desde la Presidencia de la república, pues su posición respecto a que se le retire el registro a los institutos políticos que reciban dinero del crimen organizado, aún cuando en la iniciativa se exponen dos puntos que abordan el asunto.
Hace unos días el presidente nacional blanquiazul, Jorge Romero, en una conferencia de prensa,
aseguró que la ley electoral no contiene mecanismos que lleven a consecuencias si es que grupos criminales, específicamente del narco, intervienen en los procesos electorales.
En la iniciativa se establece que las autoridades competentes en seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera instrumentarán mecanismos de coordinación institucional con la electoral a nivel nacional donde se proporcionará información concerniente al registro de candidaturas que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso.
De tal manera que será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien se encargará de implementar los procesos de coordinación con el resto de las autoridades financieras y de procuración de justicia para realizar las acciones correspondientes en caso de detectar irregularidades.
En otro de los apartados se establece que quedará prohibido el financiamiento para los procesos electorales cuyos recursos provengan de procedencia ilícita.
Ante esta argumentación del blanquiazul, legisladores de Morena descartaron que el panismo cuente con razón, ya que, aseguran, la reforma electoral no omite ningún tipo de control en contra del financiamiento ilícito, debido a que la iniciativa comprende mecanismos de inteligencia financiera con los que se impide cualquier tipo de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
Personajes de la oposición como el legislador panista Ricardo Anaya o el presidente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), apuntan que el proyecto debe contemplar, de igual forma, la injerencia de organizaciones delictivas en los procesos internos, lo que de momento, dicen, no sucede.
