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Encuesta de GobernArte coloca al senador de Morena entre los personajes que los mexicanos identifican como símbolo de la corrupción en el país
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- La corrupción sigue siendo una de las principales heridas abiertas para millones de mexicanos. No solo por el desfalco de recursos públicos, sino por la percepción de impunidad que, sexenio tras sexenio, parece repetirse.
De acuerdo con una reciente encuesta de GobernArte, los ciudadanos identifican con nombre y apellido a quienes consideran “símbolos de la corrupción” en México. En la lista destacan viejos conocidos… y también figuras del presente.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, encabeza la medición con 48% de las menciones. Casi la mitad de los encuestados lo ubican como el mayor referente de corrupción en la historia reciente, marcado por acusaciones de peculado y lavado de dinero durante su administración (2010-2016).
En segundo lugar aparece el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, con 18.4%. Las acusaciones en su contra se centran en presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Campeche.
El tercer sitio lo ocupa el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con 11.1%, actualmente preso en Estados Unidos tras ser acusado de conspiración y vínculos con el crimen organizado.
Pero la sorpresa en esta medición es que Adán Augusto López, hoy senador de Morena, se coloca en el cuarto lugar con 10.5%, entrando así al “top” de los personajes más señalados por la ciudadanía. El tabasqueño ha estado en la polémica por presuntos vínculos de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, con redes de huachicol y el grupo criminal “La Barredora”.
En la lista también figura Elba Esther Gordillo, con 6.5%; Ricardo Anaya, con 2.5%, señalado por el caso Odebrecht; Francisco García Cabeza de Vaca, con 1.8%, y René Bejarano, con 1.2%, cuya imagen quedó marcada por los “videoescándalos” de 2004.
La encuesta refleja que, para los mexicanos, la corrupción no tiene partido ni color. Es una deuda histórica que sigue pasando factura y que mantiene la exigencia ciudadana de justicia real, no discursos
