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Mario López
GRUPO CANTÓN
La percepción de inseguridad en el municipio de Chimalhuacán se ha mantenido prácticamente sin cambios durante el periodo 2023-2026, lo que muestra un estancamiento en los resultados visibles del combate a la criminalidad en la administración encabezada por la alcaldesa Xóchitl Flores, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.
Las mediciones trimestrales indican que en 2023 el porcentaje de personas mayores de 18 años que consideraban inseguro vivir en la ciudad osciló entre 80.6 % y 83.0 %. En 2024 los registros se ubicaron entre 79.6 % y 82.3 %, mientras que en 2025 el indicador fluctuó entre 79.9 % y 82.1 %. En términos generales, el promedio del periodo se mantiene cercano a 81 %, sin una tendencia sostenida de reducción, lo que implica que ocho de cada diez habitantes continúan percibiendo condiciones de inseguridad en su entorno cotidiano.
Especialistas en seguridad pública señalan que la percepción ciudadana suele reflejar la experiencia directa o indirecta con delitos, la visibilidad de hechos violentos, la presencia policial y la confianza en las instituciones.
Cuando los indicadores permanecen en rangos similares durante varios años, se interpreta que la población no percibe cambios relevantes en su vida diaria, independientemente de las acciones operativas que puedan implementarse.
Habitantes de colonias como San Agustín, Acuitlapilco y Xochitenco refieren preocupaciones relacionadas principalmente con robos en transporte público, asaltos a transeúntes y delitos patrimoniales. Algunos residentes señalaron que han modificado rutinas personales, como evitar salir por la noche o limitar desplazamientos a determinadas zonas, medidas que impactan la dinámica social y económica local.
Durante el mismo periodo, autoridades municipales han informado sobre operativos coordinados con corporaciones estatales y federales, incremento de patrullajes y acciones preventivas. No obstante, los resultados de percepción reportados por ENSU muestran que los niveles de inseguridad percibida permanecen en parámetros similares a los registrados al inicio de la administración, sin variaciones significativas hasta el cierre de 2025.
