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Acuerdos judiciales y programas de protección han permitido que operadores del narco eviten la cadena perpetua y recuperen su libertad bajo nuevas identidades
ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El sistema de justicia federal de Estados Unidos ha convertido la delación en una de sus principales herramientas contra el narcotráfico. Mediante acuerdos de culpabilidad y mecanismos legales como la Regla 35 de Procedimiento Criminal y la sección 5K1.1 de las Directrices de Sentencia, fiscales federales han logrado reducir condenas a integrantes de cárteles mexicanos a cambio de información considerada “asistencia sustancial”.
Registros del Buró Federal de Prisiones (BOP) y expedientes del sistema judicial PACER muestran reducciones drásticas de sentencias en casos de alto perfil. Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, excoordinador logístico del Cártel de Sinaloa, fue capturado en 2009 y extraditado en 2010. Aunque enfrentaba cadena perpetua, su colaboración con fiscales estadounidenses derivó en una condena de 15 años dictada en 2019; sin embargo, fue liberado en 2021, tras computarse el tiempo ya cumplido y su cooperación.
Otro caso es el de Jesús “El Rey” Zambada, operador clave del mismo cártel, quien testificó en los juicios contra Joaquín “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna. Tras cumplir una sentencia reducida, su estatus penitenciario dejó de ser público, al quedar bajo un esquema de protección en territorio estadounidense.
También destaca Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida como “La Chapodiputada”. Aunque enfrentaba una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua, su testimonio contra Guzmán Loera permitió que obtuviera la libertad en 2020, tras cumplir menos de tres años de reclusión efectiva.
En el caso de Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael Zambada García, fue detenido en 2013 y acusado de tráfico de cocaína y metanfetamina. Gracias a su perfil de cooperación y a su edad al momento de los hechos, recibió una condena de 66 meses, equivalente a cinco años y medio, tras la cual quedó en libertad en 2018.
Una vez reducida la condena o concedida la libertad supervisada, los testigos ingresan al Programa Federal de Protección de Testigos (WITSEC), administrado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals). El esquema incluye cambio de identidad, reubicación en zonas sin vínculos con su entorno previo y asistencia económica temporal, que oscila entre 2 mil y 3 mil 500 dólares mensuales, mientras el beneficiario se integra a actividades legales.
El procedimiento inicia con un Plea Agreement, en el que el acusado acepta cargos por narcotráfico y lavado de dinero, mientras la fiscalía retira imputaciones como el delito de empresa criminal continua, que implica cadena perpetua obligatoria. Tras la firma del acuerdo, el procesado se convierte en testigo cooperante, y su permanencia en prisión queda sujeta a la utilidad de sus declaraciones en procesos judiciales contra antiguos socios, líderes criminales o funcionarios públicos.
De acuerdo con datos del Departamento de Justicia, desde la creación del programa en 1971, ningún testigo que haya cumplido con las reglas de seguridad ha sido asesinado por las organizaciones criminales que delató. El modelo ha permitido fortalecer investigaciones y sentencias en Estados Unidos, aunque también ha generado críticas por la brecha entre la gravedad de los delitos cometidos y el tiempo real de prisión cumplido por algunos de los principales operadores del narcotráfico.
