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- Solicitaron que se inicie el proceso para devolver los vehículos
- Cada unidad blindada vale al menos 1 millón 69 mil pesos
- Gastó el Máximo Tribunal 160 mil pesos por seis togas
JUAN R. HERNÁNDEZ
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que las ministras y ministros no utilizarán las camionetas blindadas que fueron adquiridas recientemente, esto tras la ola de críticas que han recibido por la falta de austeridad y la exigencia de que se explique cómo fue que se compraron.
En un comunicado, detalló que los nueve integrantes del Pleno ya no usarán estos vehículos de seguridad y han solicitado que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos.
“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, se lee en la publicación.
Asimismo, anunció que las ministros y ministros ofrecerán este lunes 26 de enero una conferencia de prensa para brindar más información sobre este caso.
Cabe recordar que la semana pasada se dio a conocer que la Corte adquirió nueve camionetas blindadas argumentando que era para renovar el parque vehicular del Poder Judicial, ya que los actuales vehículos eran modelo que excedían los cuatro años de antigüedad y no eran considerados como seguros para los máximos juzgadores.
Aunque la Corte no reveló cuánto dinero gastó para adquirir estas camionetas, en la página oficial de Jeep se indica que los modelos más recientes de Grand Cherokee van de 1 millón 69 mil 900 pesos a 1 millón 766 mil 900 pesos. Los precios apuntan a que el gasto total rondó entre los 9 millones 629 mil pesos y 15 millones 902 mil pesos.
A ello se suma que en diciembre de 2025, la SCJN adjudicó de manera directa un contrato por 22.1 millones de pesos más IVA a la empresa Total Parts and Components, S.A. de C.V., para comprar estas nueve unidades blindadas.
Lo que llama la atención es que esta empresa fue investigada por la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntos sobreprecios en el arrendamiento de patrullas a la Policía Federal en 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, los lujos persisten en la Suprema Corte ya que en los reportes de contrataciones durante el segundo trimestre de 2025, periodo en el que ingresaron los nuevos ministros, se revela que se entregaron 160 mil pesos por seis togas; cada prenda costó 23 mil pesos. La compra se volvió a repetir por seis togas al mismo precio, pero en este caso el monto total fue de 138 mil pesos.
Asimismo, la SCJN reportó que la elaboración de dos retratos para los exminsitros, Norma Piña y Alfredo Gutiérrez Mena, ambos pagados a una pintora de nombre Diana Carolina López López por un precio de 81 mil 200 pesos. Además, un retrato extra que se encargó al pintor Pedro Diego Alvarado costó 58 mil pesos, aunque fue únicamente de la exministra Piña.
