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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La delincuencia volvió a golpear donde más duele. El robo de cableado eléctrico en la planta potabilizadora PR-1 dejó fuera de operación el sistema que surte de agua potable a miles de hogares en la región de los volcanes.
La afectación se extendió de inmediato a Atlautla, Ozumba, Tenango del Aire, Tepetlixpa y Ayapango, municipios que dependen casi por completo de esta infraestructura para su abasto cotidiano. La interrupción del bombeo desató una crisis doméstica y social. Familias enteras se vieron obligadas a modificar rutinas, suspender actividades económicas y recurrir al almacenamiento improvisado. “No es sólo abrir la llave y que no salga agua; es no poder vivir con normalidad”, lamenta un vecino de Ozumba. La falta del servicio golpea con mayor fuerza a comunidades donde el trabajo agrícola y los pequeños comercios requieren suministro constante.
La reacción oficial ha sido limitada. La CAEM reconoció el daño y llamó a la población a racionar el líquido, pero evitó precisar fechas para la restitución total del servicio. Para los habitantes, el mensaje resulta insuficiente frente a una emergencia que pudo prevenirse con vigilancia y mantenimiento adecuados. La percepción general es de descuido y ausencia de una estrategia integral de seguridad.
El episodio revela una falla estructural del gobierno estatal: infraestructuras críticas operan sin protección efectiva, expuestas al robo y al sabotaje. En un contexto de creciente inseguridad, la omisión se traduce en afectaciones directas a derechos humanos elementales. El agua dejó de llegar a los hogares no por sequía, sino por falta de previsión. Y esa responsabilidad recae, inevitablemente, en las autoridades que hoy sólo piden paciencia a una población sedienta y cansada.
