Visitas
Entre 2020 y 2024, activistas del medio ambiente y del territorio fueron reportados como desaparecidos, principalmente en comunidades indígenas, informó el Cemda
Redacción
Ciudad de México.- En los últimos cinco años, al menos 59 personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y del territorio han sido reportadas como desaparecidas en el país, mientras realizaban labores de protección comunitaria y ambiental. La cifra corresponde al periodo de 2020 a 2024 y fue dada a conocer por Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
De acuerdo con el organismo, la mayoría de las víctimas pertenecían a pueblos y comunidades indígenas, y los ataques no provienen de un solo frente. Entre los posibles responsables se identifican corporaciones policiales, autoridades estatales y municipales, así como empresas privadas, grupos criminales y estructuras paramilitares.
La presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, Gabriella Citroni, advirtió que uno de los principales obstáculos para atender esta crisis es la ausencia de registros oficiales específicos sobre la desaparición de defensores ambientales.
Esta carencia, explicó, impide la creación de políticas públicas focalizadas, y las acciones existentes resultan insuficientes para garantizar la seguridad de quienes protegen los recursos naturales.
Citroni subrayó que la impunidad en estos casos es casi total, no solo en México sino a nivel internacional, debido a la complejidad del delito y a la diversidad de actores involucrados, lo que dificulta las investigaciones y el acceso a la justicia.
La experta de la ONU añadió que los defensores del medio ambiente enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema, ya que su labor suele ir acompañada de estigmatización, amenazas y criminalización, lo que deteriora la confianza social y reduce la reacción pública ante las agresiones.
“Este contexto genera desconfianza, incrementa los riesgos y debilita la indignación colectiva frente a los ataques contra quienes defienden la tierra”, señaló.
Por su parte, Alanís explicó que uno de los principales factores de riesgo está vinculado con la instalación de megaproyectos, particularmente en regiones donde no se garantiza el acceso a la información ni la participación de las comunidades en la toma de decisiones ambientales.
Indicó que las desapariciones y agresiones se concentran en territorios indígenas, zonas estratégicas por la riqueza y conservación de sus recursos naturales, donde frecuentemente se pretende desarrollar proyectos de gran escala.
Violencia estructural y colusión de actores
El director del Cemda alertó que la participación simultánea de autoridades, empresas privadas y grupos delictivosgenera una violencia estructural y sistemática, que eleva el riesgo para los defensores ambientales y dificulta la implementación de medidas de protección efectivas.
Asimismo, señaló que la falta de acceso a la justicia perpetúa el problema, ya que muchas denuncias no derivan en acciones de protección oportunas, o bien las víctimas optan por no acudir a las autoridades ante el alto nivel de impunidad.
Alanís advirtió que la escasa investigación de los casos ya ocurridos alimenta un círculo vicioso que permite la repetición de las agresiones. Subrayó la urgencia de contar con una política pública integral, así como con una mejor coordinación institucional para atender las medidas de protección bajo el mecanismo federal para defensores de derechos humanos y periodistas.
Finalmente, destacó que las desapariciones no solo afectan a las víctimas directas, sino que desarticulan los movimientos de defensa ambiental, funcionando como un mensaje de intimidación para quienes continúan protegiendo el territorio.
