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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ante el desgaste político y financiero que han dejado los contratos de carreteras operadas bajo esquemas de PPS y APP, el Poder Legislativo mexiquense abrió la puerta a una revisión profunda.
La intención es clara: dejar de normalizar acuerdos poco transparentes y evaluar, con criterios técnicos y administrativos, si realmente han beneficiado al estado o solo a los consorcios privados que los administran.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, explicó que la propuesta prevé involucrar de manera directa al OSFEM, para que audite no solo la parte financiera, sino las condiciones físicas de las vialidades, los tramos realmente mantenidos y hasta los servicios externos ofrecidos a los usuarios. El Congreso, afirmó, no busca sustituir responsabilidades del Ejecutivo, pero sí asumir un rol activo en la vigilancia del cumplimiento.
La postura surge luego de que desde la Secretaría de Finanzas se reconociera que estos modelos, lejos de aliviar presiones presupuestales, han dejado compromisos de largo plazo y beneficios cuestionables. Vázquez Rodríguez reconoció que en su momento fueron una salida ante la falta de recursos, pero hoy requieren “armonización” y nuevas reglas.
El legislador citó ejemplos como el Circuito Exterior Mexiquense, recordando que, aunque hoy es funcional, su origen estuvo cargado de dudas. La revisión, dijo, no pretende cancelar obras, sino replantear la relación costo-beneficio y devolver transparencia a contratos históricamente blindados.
